El  mandato del Defensor del Pueblo de Viedma, Marín Pérez Morando, se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2027, luego de que el Concejo Deliberante aprobara por mayoría el proyecto que modificó la fecha de finalización de su gestión, que estaba prevista para octubre de este año. La iniciativa había sido enviada por el Poder Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Marcos Castro, y planteaba una prórroga excepcional de aproximadamente 13 meses. La votación terminó con seis votos afirmativos, dos negativos y una abstención. Vanessa Cacho Devicenzi (Patria y Futuro) y Silvina Franco (Primero Río Negro) votaron en contra, mientras que Natalia Macri (JSRN) se abstuvo.

Pérez Morando había asumido el 25 de octubre de 2022, por lo que su mandato de cuatro años debía concluir el próximo 25 de octubre. Entre los fundamentos del Ejecutivo para solicitar la extensión se plantearon cuestiones vinculadas con la finalización de la gestión y la presentación del informe anual de la Defensoría. 

El tratamiento se produjo además cuando el propio Concejo ya había puesto en marcha el proceso para seleccionar a quien ocupará el cargo en el próximo período. El registro de postulantes había sido abierto el 2 de septiembre y tenía como fecha de cierre el 2 de octubre. 

Durante el debate, quienes cuestionaron la prórroga pusieron el foco precisamente en ese punto: el proceso de selección ya estaba iniciado y había personas que habían manifestado su intención de participar. También plantearon reparos sobre la extensión del mandato por más de un año frente al plazo establecido por la normativa municipal. 

La discusión había generado posiciones diferentes incluso antes de llegar al recinto. El proyecto obtuvo despacho favorable en la comisión correspondiente, aunque posteriormente aparecieron diferencias entre los bloques respecto de su tratamiento y aprobación. 

Uno de los cuestionamientos había sido formulado por Lautaro Caballeri, uno de los postulantes a la Defensoría. Antes de la sesión había planteado que no se trataba de resolver una demora administrativa de pocos días, sino de extender por más de un año un mandato cuyo plazo estaba establecido por ordenanza. 

Con la aprobación de la ordenanza, Pérez Morando continuará al frente de la Defensoría hasta el 30 de noviembre de 2027. La votación también produjo una consecuencia sobre el proceso de reemplazo: el Concejo resolvió devolver a Labor Parlamentaria el proyecto de resolución que debía establecer las condiciones para la selección del próximo defensor o defensora.

De esta manera, la prórroga quedó definida, mientras que el procedimiento para determinar quién ocupará posteriormente la Defensoría deberá tener una nueva definición dentro del Concejo Deliberante.