Ocho personas solicitaron voluntariamente ser resguardadas del lugar donde se encontraban luego de un operativo realizado en Viedma a partir de una denuncia por una posible situación de trata con fines de explotación laboral. Durante el procedimiento se detectaron condiciones de extrema precariedad en el alojamiento y permanencia de los trabajadores, además de situaciones incompatibles con estándares básicos de seguridad, higiene y habitabilidad.

El operativo fue requerido por la Fiscalía y contó con la participación de distintos organismos del Estado y fuerzas federales, además de fiscales, inspectores laborales e inspectores de Higiene y Seguridad. También intervino el Programa de Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata, dependiente de la Secretaría de Políticas Públicas del Ministerio de Desarrollo Humano.

Durante la intervención se realizaron actuaciones destinadas a constatar tanto la situación laboral como las condiciones de seguridad, higiene y habitabilidad en las que se encontraban las personas. En ese marco, se detectaron condiciones que, de acuerdo con las actuaciones realizadas, podían poner en riesgo su integridad psicofísica.

El procedimiento se originó a partir de una denuncia que advertía sobre una posible situación de explotación laboral. A partir de la intervención conjunta de los organismos, se identificaron indicadores compatibles con una posible situación de trata, por lo que ocho personas manifestaron de manera voluntaria su decisión de ser resguardadas del lugar.

La Secretaría de Trabajo provincial participó de las tareas de fiscalización y constatación. Su titular, María Martha Avilez, remarcó la necesidad de que el Estado intervenga de manera inmediata cuando existen indicios de vulneración de derechos fundamentales de trabajadores.

“No miramos para otro lado. Cuando hay trabajadores que pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad, el Estado Provincial está presente, interviene y cuida”, afirmó la funcionaria. Y agregó: “Nuestra responsabilidad es llegar, constatar qué está pasando y actuar con todas las herramientas que tenemos para proteger sus derechos y su integridad”.

Las actuaciones permitieron avanzar sobre las condiciones concretas en las que las personas desarrollaban sus actividades y permanecían alojadas. La revisión incluyó aspectos vinculados con la seguridad, la higiene y la habitabilidad, considerados elementos centrales para determinar si el entorno resulta compatible con condiciones laborales y de vida dignas.

La intervención también puso en evidencia la necesidad de coordinación entre distintas áreas estatales cuando una denuncia puede involucrar situaciones de explotación y vulnerabilidad. En este caso participaron organismos provinciales, fuerzas federales, representantes del Ministerio Público e inspectores especializados.

Avilez destacó precisamente ese trabajo conjunto y puso el foco en las personas afectadas por este tipo de situaciones. “Detrás de cada intervención hay personas y familias”, sostuvo la secretaria de Trabajo, y señaló que este tipo de operativos requiere “responsabilidad, coordinación y el trabajo articulado de los distintos organismos del Estado”.

En esa misma línea, planteó que la protección de los derechos laborales debe contemplar también las condiciones en las que viven quienes trabajan. “Cuidar a quienes trabajan también significa garantizar que ninguna persona tenga que desarrollar sus tareas o vivir en condiciones que atenten contra su dignidad”, afirmó.

Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que las actuaciones continúan por las vías correspondientes y que el organismo seguirá participando de las instancias que sean requeridas dentro de las competencias que le corresponden.