Un pedido de informes volvió a poner el foco sobre una licitación pública millonaria vinculada al programa “Río Negro Bilingüe”, con cuestionamientos por el área que llevó adelante el proceso y por la falta de precisiones sobre la adjudicación.

La iniciativa fue impulsada por el bloque Vamos con Todos, junto a legisladores de PJ – Nuevo Encuentro y Cambia Río Negro, quienes solicitaron al Gobierno provincial información detallada sobre la Licitación Pública N° 112/2025, mediante la cual se adjudicó la implementación del programa por más de 932 millones de pesos.

Entre los firmantes del pedido se encuentran José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao por Vamos con Todos; Alejandra Mas, Daniel Belloso, Leandro García y Luis Ivancich por PJ – Nuevo Encuentro; y Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich por Cambia Río Negro.

Uno de los ejes centrales del planteo apunta a que la contratación haya sido gestionada por la Secretaría de Energía y Ambiente, y no por el área educativa. Según expresó el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, el requerimiento busca esclarecer por qué un programa de estas características no fue canalizado a través del Ministerio de Educación, considerado el organismo competente.

La licitación contempla la adquisición de 10.000 licencias anuales para una plataforma virtual de enseñanza de inglés. En ese marco, también se solicitó información sobre la adjudicación a la firma EDIR Emprendimientos S.R.L., así como los fundamentos utilizados para descartar otras propuestas presentadas durante el proceso.

El pedido de informes incluye además requerimientos sobre los criterios de evaluación, los informes técnicos que respaldaron la decisión, la intervención de organismos competentes y el origen de los fondos, que estarían vinculados al área hidrocarburífera.

Otro de los puntos señalados por la oposición es la posible exclusión de instituciones públicas con capacidad de implementación, como el IPAP o la Universidad Nacional del Comahue, lo que también forma parte de las consultas elevadas al Ejecutivo.

Desde los bloques firmantes indicaron que el objetivo es contar con información precisa sobre la implementación del programa, la asignación de recursos y las responsabilidades administrativas involucradas en el proceso.

El planteo legislativo se enmarca en la solicitud de mayor transparencia en el uso de fondos públicos y en la necesidad de clarificar los mecanismos de contratación en programas educativos de alcance provincial.