La continuidad y ampliación del vertedero municipal de Bariloche volvió a quedar en suspenso tras una serie de intentos fallidos en el Concejo Deliberante, donde no se alcanzaron los consensos necesarios para avanzar con el proyecto. La iniciativa, que contempla una inversión estimada en 43.500 millones de pesos, fue finalmente enviada nuevamente a comisión.

El Ejecutivo municipal encabezado por Walter Cortés impulsaba una licitación pública para la ampliación y gestión del predio. Sin embargo, las discusiones políticas, sumadas a cuestionamientos técnicos y sociales, derivaron en la falta de acompañamiento necesario para su aprobación.

El vertedero a cielo abierto, ubicado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, contaba con un plazo de cierre fijado para diciembre de 2023, de acuerdo a la ordenanza 3329-CM-22. El predio se encuentra rodeado por barrios populares y otras actividades extractivas, como canteras, en un área donde también conviven desarrollos urbanos de alto nivel, como el barrio privado Arelauquen.

En paralelo, distintos sectores vienen señalando la expansión de proyectos inmobiliarios en zonas cercanas, junto con la extensión del uso del vertedero sin que se haya presentado un plan integral para su traslado, cierre o tratamiento de residuos acumulados. Entre los puntos observados, también se cuestiona que el estudio de impacto ambiental quede bajo la órbita de la empresa adjudicataria.

En cuanto a la situación sanitaria, se han reportado afectaciones a la salud de vecinos y vecinas vinculadas a la emisión de gases y micro partículas. A esto se suman incendios recurrentes en el predio, como el registrado en febrero, que evidencian la persistencia de focos activos en el subsuelo.

El tratamiento legislativo del proyecto estuvo atravesado por episodios de tensión. En la sesión del 26 de marzo, la presencia de vecinos autoconvocados y organizaciones ambientalistas derivó en situaciones de conflicto dentro y fuera del recinto, lo que obligó a interrumpir el debate sin lograr acuerdos.

Un segundo intento, el 31 de marzo, incluyó modificaciones en el planteo original. En ese marco, el asesor legal Martín “Mike” Domínguez propuso encuadrar la iniciativa como una contratación directa, lo que hubiera permitido su aprobación con mayoría simple. No obstante, esta interpretación fue objetada y la sesión volvió a quedar inconclusa.

Finalmente, el 1 de abril se convocó a una nueva sesión para el día siguiente, pero nuevamente la falta de consensos y la presencia de sectores opositores impidieron avanzar. El presidente del Concejo, Gerardo del Río, solicitó retrotraer el expediente a comisión y planteó la conformación de una mesa de diálogo con participación del gobierno provincial.

Desde distintos ámbitos, como la Universidad Nacional del Comahue, profesionales de la salud y sectores educativos, se vienen planteando desde hace años preocupaciones vinculadas al impacto ambiental del vertedero. En ese marco, se insiste en la necesidad de avanzar en un plan integral de saneamiento y remediación, con participación de equipos técnicos especializados.