Trabajadores y trabajadoras de la Agencia Territorial de Viedma de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación advirtieron sobre la situación que atraviesa el organismo a nivel nacional, tras el surgimiento de informaciones que indican un proceso de reestructuración que podría implicar el cierre de agencias territoriales en todo el país y el despido de aproximadamente 1.600 trabajadores y trabajadoras.

La posibilidad de que se cumplan estas medidas generó alarma en distintas organizaciones gremiales, que ya se declararon en estado de alerta ante el impacto que estas decisiones podrían tener sobre las políticas públicas laborales y de empleo en los distintos territorios del país.

Las Agencias Territoriales cumplen un rol estratégico en la gestión estatal, actuando como vínculo directo con trabajadores, empleadores, sindicatos y organizaciones sociales. Permiten la implementación de políticas activas de empleo, mediación en conflictos y promoción del trabajo digno, asegurando la presencia del Estado en las localidades y barrios.

Desde la Agencia Territorial Viedma subrayaron que históricamente mantuvieron un diálogo permanente y trabajo articulado con organizaciones de la región, enfatizando que la colaboración y construcción colectiva fortalecen los derechos laborales y permiten resolver conflictos en el territorio. “La presencia del Estado no es un gasto, sino una inversión en cohesión social, equidad y justicia laboral”, remarcaron desde la agencia.

Además, convocaron a sindicatos, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil a mantener la unidad y la acción conjunta, sosteniendo el rol de las Agencias como herramientas fundamentales para garantizar derechos y promover mejores condiciones laborales. Se destacó la importancia de visibilizar la situación y sus posibles consecuencias, reforzando los canales de diálogo con los equipos de trabajo territorial.

El comunicado difundido por los trabajadores de la Agencia Territorial Viedma refleja la preocupación por el futuro del organismo, a la vez que plantea la necesidad de proteger los puestos de trabajo y la presencia del Estado en el territorio, como elemento clave para la implementación de políticas públicas en toda la provincia y el país.