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La reciente actualización del sistema de notificaciones laborales en Río Negro introduce cambios que impactarán directamente en la experiencia de cualquier trabajador o ciudadano que tenga un conflicto judicial con el Estado. La reforma apunta a ordenar un circuito que hasta ahora era confuso, atravesado por normas dispersas y procedimientos distintos según el tipo de proceso, lo que generaba demoras y dificultades para saber cuándo una notificación era válida y qué efectos tenía.
Con la modificación aprobada en la Legislatura, las notificaciones en causas laborales donde interviene el Estado dejan de regirse por referencias cruzadas al Código Procesal Civil y pasan a alinearse con el Código Procesal Administrativo, que reúne las reglas específicas sobre cómo deben intervenir, notificarse y representarse los organismos públicos en juicio. Para el ciudadano, esto implica mayor previsibilidad: ya no habrá criterios distintos según el código citado, ni riesgos de nulidades o retrasos por cuestiones formales.
Uno de los puntos centrales es la incorporación de un sistema de doble notificación. En adelante, cuando se dicte una providencia judicial, la comunicación deberá enviarse tanto a la Fiscalía de Estado como al abogado del organismo involucrado en el litigio. Este esquema busca reforzar controles internos, evitar extravíos de información y asegurar que cada área estatal reciba aviso efectivo de los plazos y decisiones del expediente. Para quienes litigan contra el Estado, esto se traduce en más transparencia y menos margen para dilaciones por falta de comunicación entre dependencias.
La adecuación también pretende garantizar la igualdad procesal de las partes, eliminando ambigüedades sobre la validez y los efectos de las notificaciones. Al unificar el criterio normativo, se reduce la posibilidad de interpretaciones contradictorias que, en muchos casos, terminaban perjudicando al trabajador que buscaba una respuesta judicial a un conflicto laboral.
La actualización forma parte del proceso más amplio de modernización y digitalización de la justicia rionegrina. Legisladores destacaron que el objetivo es dotar al sistema de coherencia, agilidad y seguridad jurídica, alineando el procedimiento laboral con los códigos procesales ya reformados en materia civil, comercial y administrativa. Esta coordinación normativa busca que las personas que enfrentan un juicio laboral con organismos públicos encuentren reglas claras, unificadas y comprensibles, sin obstáculos derivados de referencias legales obsoletas.
En síntesis, el cambio representa un avance para quienes deben interactuar con el Estado en situaciones de conflicto laboral: más orden, más garantías y menos burocracia, en un sistema que durante años acumuló superposiciones y vacíos que complicaban la resolución de los casos.
5 diciembre 2025
Río Negro