Presentan amparo colectivo contra la derogación de la Ley de Tierras

Lo presentaron organizaciones ambientalistas, integrantes de comunidades indígenas, representantes gremiales y dirigentes políticos de Río Negro

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La legisladora provincial del bloque Vamos Con Todos, Magdalena Odarda, junto con organizaciones ambientalistas, integrantes de comunidades indígenas, representantes gremiales y dirigentes políticos de Río Negro, presentaron una acción de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional.


La acción está dirigida contra el artículo 154 del Decreto N° 70/2023, publicado por el presidente Javier Milei el 21 de diciembre de 2023, derogando la Ley de Tierras Rurales N° 26.737.

Se pide declarar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable del artículo 154 del mencionado decreto, así como de toda normativa o acto derivado o dictado en cumplimiento del mismo.


Asimismo, se solicita la nulidad total de todas las operaciones de compra de inmuebles rurales realizadas por personas humanas o jurídicas extranjeras desde la fecha de emisión del decreto impugnado. La Ley de Tierras derogada por Decreto tiene como objetivo principal evitar la concentración de tierras nacionales por parte de extranjeros, con fines adicionales como la protección de recursos estratégicos no renovables y la seguridad alimentaria e hídrica del país.

La legisladora rionegrina afirmó: “Esta es la primera acción judicial presentada en los Tribunales Federales de Río Negro, encontrándonos legitimados para exigir la intervención de la Justicia en defensa de la legalidad constitucional. Más aún cuando los derechos conculcados se relacionan con la defensa y soberanía nacional, con el respeto al ambiente y con los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Odarda continuó expresando: “La derogación de la Ley de Tierras por DNU compromete este derecho fundamental y la utilización racional de los recursos naturales, esenciales para el desarrollo humano y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Además, afecta la Soberanía Nacional al comprometer la regulación de la titularidad de tierras rurales, consideradas recursos estratégicos esenciales para la biodiversidad, el patrimonio natural y cultural, y la identidad de nuestra nación”.


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