Agentes de todos los niveles y jerarquías de los tres Poderes del Estado, organismos descentralizados y empresas públicas provinciales deberán capacitarse en Derechos Humanos para la Prevención de la Violencia Institucional, el Odio, el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia. La norma fue impulsada por Pablo Barreno y Daniela Salzotto, del Frente de Todos.

La ley apunta a que las personas que se desempeñan en la administración pública, sean capaces de consolidar una provincia libre de odio, comprender los abordajes de Derechos Humanos, en el marco de la política pública jurisdiccional que desarrollan y su rol como garantes de derechos, identificar las violaciones de Derechos Humanos y analizar las causas subyacentes y prevenir la violencia institucional, el odio, la discriminación, el racismo y la xenofobia, aplicando el criterio de interculturalidad.

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos, a través de su Secretaría específica como autoridad de Aplicación, deberá fijar los lineamientos generales de la Capacitación, planificar, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades, elaborar y difundir material didáctico pertinente, suscribir convenios con el IPAP, Universidades Nacionales y organismos de formación para la implementación y certificación de la Capacitación en Derechos Humanos y publicitar la ley y sus alcances en todos los organismos públicos. Por su parte, las máximas autoridades de cada organismo serán las responsables de garantizar la implementación de la Capacitación en Derechos Humanos.

“Los Derechos Humanos son una conquista de toda la humanidad e implican obligaciones a cargo del Estado y sus autoridades; dado que es éste el responsable de respetarlos, garantizarlos y satisfacerlos”, expresaron los autores.