Los Legisladores del Bloque Unidad Ciudadana, Gabriela Abraham, Alejandra Mas y Daniel Belloso, presentaron ayer un proyecto de Declaración, manifestando su más enérgico repudio a la reunión llevada a cabo días atrás en la propiedad del empresario Joe Lewis, en la cual se congregaron dirigentes políticos, jueces, operadores y ex agentes de la AFI.

“Es importante que la ciudadanía, y la dirigencia política en particular, tomen dimensión de que actos como este afectan a la democracia y a su pilar fundamental, que es la división de poderes”, expresaron.

Los parlamentarios fundamentaron la iniciativa afirmando que preocupa que en la propiedad de un magnate extranjero, propiedad que ocupa miles de hectáreas de suelo de la provincia de Rio Negro, se hayan hecho presentes jueces, funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un ex agente de la AFI.

Consideraron que, más allá de que el Estado debe garantizar el servicio de justicia, el cual implica que los funcionarios deban ejercer determinadas conductas, “los peculiares participantes de éste hecho son los principales responsables en la toma de decisiones políticas sobre la vida y los quehaceres de los ciudadanos argentinos”.

Sobre todo, explicaron, porque se trata de algunos personajes que tuvieron un papel decisivo en la convalidación de lo que fuera denunciada como compra fraudulenta de los terrenos en cuestión, que aún hoy continúan siendo objeto de conflicto, no sólo judicial, sino social: “Parece una provocación”, aseveraron.

Acordaron además, que se trata de quienes han sido “agentes fundamentales en la persecución de los ex funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de empresarios a los que se les quitaron las empresas y hasta de referentes elegidos por el pueblo como lo fue el ex presidente Amado Boudou”.

“Repulsa el grado de impunidad de los manejos de la relación que hay entre los jueces y funcionarios del espacio político Cambiemos, o para ser más explícitos, funcionarios del ex presidente Mauricio Macri, llegando al máximo de persecución política, jurídica y mediática de la actual Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la protección de la figura del ex presidente Mauricio Macri, ante las inhumanidades (espionaje) que se cometieron contra familiares del Submarino ARA San Juan durante su gobierno”, dijeron los parlamentarios.