Alicia Calendino, una de las referentes grutenses de la Asamblea del Mar y la Tierra, contó que ayer jueves, durante la sesión de la Legislatura un grupo de ambientalistas intentó ingresar al edificio del Parlamento pero la seguridad se lo impidió por órdenes de “su jefe, el vicegobernador, Alejandro Palmieri”.

Las personas que habían viajado de Las Grutas y Sierra Grande y a las que se sumaron otras de Viedma pretendían escuchar el debate acerca del proyecto de ley, que fue aprobado en primera vuelta, que otorga el poder de fiscalización y control a las provincias sobre los ductos hidrocarburíferos y que modifica una norma que prohibía la instalación y transporte de hidrocarburos en el golfo San Matías.

En ese contexto se anuncia una inversión de 1200 millones de dólares para la construcción de un oleoducto desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada en Sierra Grande.

“Creíamos que íbamos a poder ingresar para mostrar nuestro rechazo a la modificación de la ley 3308. Pero grande fue la sorpresa cuando no nos dejaron entrar, estuvimos dos horas y media afuera sin poder participar de la sesión. Nos cerraron la puerta y nos dejaron afuera”, sostuvo.

Recordó que “la ley fue sancionada el 29 de julio de 1999 por la Legislatura y prohíbe en todo el mar rionegrino las tareas de explotación y exploración de petróleo. Eso no se modificó, pero sí el transporte y carga de buques. Esto pone en riesgo las actividades humanas como la pesca y el turismo y también el ambiente”.

Agregó que “en 1995 el pueblo de San Antonio Oeste y Las Grutas se expresó en rechazo de un proyecto similar”.

Cuestionó que “en menos de dos días se conoció el anuncio de la modificación de la ley. Y además ahora sabemos que ya están en vías de comprar las válvulas, las bombas y la ley todavía no se había tratado. Es una falta de respeto a la ciudadanía que defendió la denominada “ley Lassalle” del 99. Uno está tranquilo y confiado pensando que tenemos un gobierno que nos protege y ahora nos sorprende que toda la Legislatura haya votado a favor, menos el legislador Pablo Barreno”.

Afirmó que “hay acabados malos y tristes ejemplos de la falta de control y fiscalización del Estado, como los metales pesados de Mina Gonzalito por lo cual se sigue luchando por la remediación”.

“No somos antitodo, sino que queremos que se dé una discusión verdadera. Ojalá el Estado estuviera cuidándonos, y que ese ducto sea controlado, pero no solamente desconfiamos de eso sino además porque tenemos la experiencia de falta de controles que trajo graves consecuencias, como las cloacas, que parece algo mucho más sencillo”, indicó.

También aseguró que “si está todo perfecto por qué no mostraron el proyecto antes, donde se pudiera ver por parte de la ciudadanía. Ahora a posteriori se llamará a una audiencia pública no vinculante y diez años después tenemos las consecuencias”.

“¿Qué modelo productivo queremos para la provincia, yo pregunto para quién gobiernan?. Nos duele la democracia tan poco participativa, todos se alinean en que van a traer inversiones, trabajo, y desarrollo, pero esto está yendo en contra de una ley y de acuerdos internacionales. Hay que replantearse a qué se llama el progreso”, concluyó.