Vecinos que se consideran estafados por los planes de autoahorro realizan una protesta en Viedma, para rechazar la decisión del Procurador General de la provincia, Jorge Crespo, de dictaminar contra la medida cautelar presentada por los ahorristas tiempo atrás. Además, llevarán un nuevo escrito ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), para impedir que la máxima autoridad judicial, que deberá resolver finalmente, tome en cuenta esa opinión contraria a los amparistas.

La concentración se lleva adelante frente al edificio central del Poder Judicial de Río Negro, en 25 de Mayo y Laprida, bajo las consignas: “Basta de abusos”, “No a la estafa automotriz” y “Respeten la cautelar”. Esta última, en referencia a lo resuelto en primera instancia por el Juez Civil de Viedma, Leandro Oyola, quien había fallado a favor de los ahorristas y ordenado a las administradoras retrotraer el valor de las cuotas a abril de 2018.

El reclamo plasmado en el amparo estaba basado en el incremento desmedido de los valores de las cuotas y las dificultades de los consumidores para pagarlas. Cuando el STJ le pidió la opinión a Crespo, el Procurador lo hizo en contra de la medida cautelar de Oyola.

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En este sentido, consideró que, sobre el tema, debe resolver la Justicia Federal ya que la demandada es la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio De Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Interpretó que la IGJ “tiene a su cargo la fiscalización de las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro”.

En otra parte de su escrito, el funcionario valoró el reproche formulado por los representantes legales de las administradoras de los planes. En forma paralela, pidió unificar criterios, ya que hubo fallos disímiles.

Los ahorristas

Los ahorristas expresaron que "la medida adoptada por el privilegiado funcionario judicial solo agrava la angustia de las miles de familias ahorristas que nos encontramos desprotegidas frente al atropello del ajuste desmedido de las automotrices que impacta directamente sobre los valores de las cuotas".

Mientras agregaron que "consideramos un despropósito esta decisión, sobre todo por el contexto de crisis económica que golpea tanto el país como Latinoamérica".

"Tampoco es ajeno a esta situación el hecho de que el actual Secretario de Transporte de la Nación (Dietrich) es uno de los dueños de una de las automotrices denunciadas en el Amparo", señalaron los vecinos.

Más adelante aclararon: “Somos ciudadanos y consumidores que por diferentes circunstancias decidimos, en un contexto de más de 12 años de estabilidad económica, invertir nuestros ahorros en un vehículo, ya sea para trabajar o trasladar a nuestras familias".

"Queremos que se respeten nuestros derechos y que la Justicia nos brinde la posibilidad de cumplir con el pago de una cuota razonable acorde con nuestros ingresos, que fue ni más ni menos, la condición de factibilidad que las automotrices nos exigieron al momento de suscribir nuestros planes", indicaron.

Finalmente los ahorristas desearon que "los señores y señoras juezas del STJ estén a la altura de las circunstancias, que entiendan que en sus firmas está la previsibilidad económica y la estabilidad emocional de miles de familias rionegrinas que hoy son oprimidas por este modelo de ajuste y exclusión".

El fallo del Juez Oyola era técnicamente incompleto

Las expectativas de los ahorristas estaban puestas en el fallo del Juez viedmense Leandro  Oyola, que ordenaba a las empresas involucradas, seis en este amparo, a retrotraer el monto de todas las cuotas a valores de abril de 2018, pero no especificaba hasta cuándo debía darse ese congelamiento ni mencionaba mecanismos de actualización para el futuro.

Además, Crespo opinó que debe analizarse la cautelar en cuestión, en virtud de que no está justificado el motivo por el cual retrotrae las cuotas a abril del año pasado.

Estas inconsistencias jurídicas dieron lugar a que las administradoras apelaran ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), órgano que deberá resolver pudiendo tomar en cuenta, o no, el dictamen de Crespo. 

Previo a la decisión del juez civil, el Ministerio Público había dictaminado que la vía del amparo no era idónea. El magistrado no coincidió con esta postura.

Antecedentes

En Río Negro hubo cinco fallos distintos sobre el tema: los de Bariloche y Cipolletti, en los que no se hizo lugar al reclamo; el de General Roca, en el que se hizo lugar pero no se ordenó congelar las cuotas; el de Choele Choel, donde ordenaron el congelamiento de la cuota; y finalmente el de Viedma, donde la decisión del Juez Oyola había sido hacer lugar al reclamo, retrotraer las cuotas a valores del año pasado y congelaras, pero sobre el cual el Procurador dictaminó en contra.

Los reclamos de vecinos estafados en la compra de cero kilómetro surgieron a partir de un grupo nacional y un grupo de Whatsapp rionegrino, en el que cada uno de expuso su problema. Posteriormente se reunieron con autoridades de Defensa del Consumidor en la cual se acordaron los parámetros para realizar una demanda colectiva.

En principio comenzaron elaborando una nota general en la que detallaban por qué se consideran estafados; que faltaba de una vía de comunicación con las administradoras de los planes; la existencia de contratos son abusivos; cuotas que subieron exponencialmente y que fueron consideradas por los damnificados como confiscatorias, ya que en la mayoría de los casos superan más de la mitad de lo que cobran los ciudadanos que tienen un plan de ahorro; y la derivación de estos inconvenientes en situaciones de mora.

A este escrito se anexó la documentación con casos particulares y la firma de quienes quisieron sumarse para recurrir a la Justicia con un amparo colectivo.

El fallo de Oyola había tenido fuerte repercusión en todo el país y generó el contacto inmediato de otras organizaciones y perjudicados, que pidieron acceso a la sentencia para replicar la presentación en otras diversas ciudades y provincias.