La presentación ‎judicial se realizó ante la Cámara del Trabajo de la ciudad de Viedma y el escrito fue firmado por Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti en su carácter de secretarios General y Adjunto de la entidad gremial, respectivamente.

En el documento se señala que, como indican las normas, previamente el sindicato agotó la instancia ante el Gobernador de la provincia en dos oportunidades, sin que el Poder Ejecutivo se pronunciara. Una de ellas fue el 17/12/2014 y la restante, mediante un pronto despacho en fecha 11/02/15. 

El reclamo comprende a la totalidad de los agentes de la Administración Central ‎y escalafones de las leyes 1844, 1904, 1901 y 2593 correspondiente a personal no docente y de servicios generales. 

El sindicato demanda que se liquiden como bonificables todos aquellos conceptos salariales que en la actualidad se pagan como no remunerativos y que, además, se reintegre a los trabajadores las diferencias salariales que surjan de ello, por todos los períodos no prescriptos (cinco años).

Cabe fundamentar que esta demanda se asienta en la protección del trabajo en todas sus formas que asegura el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Convenio ‎95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Artículo 1 sobre Protección del Salario.

Del mismo modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha sostenido que lo que importa ‎es la naturaleza salarial del dinero que se paga, no su denominación. Y que cuando se le da un nombre diferente al salario, para no pagar al trabajador lo que corresponde, entonces se viola, tanto la Constitución Nacional, como el convenio 95 de la OIT. Algunos de los fallos de la Corte en este sentido fueron Pérez Aníbal c/Disco SA y Díaz Pablo Vicente c/ Cervecería y Malterías Quilmes SA del 4/6/2013. 

Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) ha recogido recientemente la doctrina de la Corte y ha ordenado a entes estatales (Municipalidades) a dejar de abonar los conceptos salariales, mal llamado no remunerativos, en el mes de julio del año pasado.

La demanda es millonaria y la suma final incalculable en la actualidad (superando los miles de millones de pesos). Por esta razón el sindicato pide que se designe un perito contador único de oficio, para que tome muestras al azar sobre la exactitud de las liquidaciones y determine las diferencias salariales que surgen del paso de liquidar de la manera actual a la nueva forma.

Para ATE, la provincia de Río Negro tiene una larga tradición de abonar a sus empleados sumas no remunerativas y esa tendencia se acrecentó con la gestión actual, ya que la totalidad de los aumentos salariales han sido otorgados en negro.

Desde el punto de vista político, no sólo se afecta a los trabajadores, sino al sistema de salud, ya que se aporta a la obra social provincial (IPROSS) por un salario que no es real y al sistema previsional (ANSES) porque se dejan de aportar sumas importantes de dinero.

"El Estado rionegrino tiene una larga tradición de abonar sumas no remunerativas, pero la actual gestión la ha acrecentado, a partir que la totalidad de los aumentos que otorgó fueron en negro. Este millonario juicio, como siempre ocurre, seguramente lo tendrá que pagar otra administración en el futuro", manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y agregó: "Llama la atención que el Poder Ejecutivo no haya contestado las presentaciones administrativas. Deberá llegar el día en el que los gobernantes respondan con su propio patrimonio ante la violación de las leyes".

"Hemos analizado mucho sobre realizar esta presentación, pero finalmente decidimos demandar al Estado, teniendo en cuenta que los trabajadores no somos los únicos afectados. Aquí queda demostrado que es el propio Gobierno el que contribuye a desfinanciar ‎al IPROSS y al sistema de salud, además del sistema previsional, ya que se realizan aportes por salarios que no son reales", concluyó el dirigente gremial.