Es importante destacar que la Defensoría del Pueblo se había abocado al tema de la posible contaminación con PCB y había solicitado oportunamente  distintos pedidos de informes a la Secretaria de Medio Ambiente y al ministerio de Educación  de la Provincia.

Precisamente la respuesta a uno de esos pedidos fue la que posibilitó conocer los resultados de los análisis a los transformadores que se encontraban en los talleres del colegio y que confirmaban la presencia del toxico.

Nadina Díaz manifestó que "las medidas consensuadas a instancias de la convocatoria del Juez Barotto son las que se tenían que haber definido desde el momento de conocerse los primeros resultados. Nunca se entendió por qué los transformadores fueron retirados de noche, personalmente por funcionarios del Ministerio de Educación, sin ninguna medida de seguridad y luego ya conocidos los primeros resultados, desde la Secretaría de Medioambiente se ocultó la información, en vez de hacerla conocer y rápidamente convocar a la comunidad educativa, para tomar las medidas necesarias”.

En la reunión convocada por la justicia, se definió que de forma inmediata se proceda a la remediación de todo residuo contaminante con PCB y que será el ejecutivo el encargado  de la extracción y posterior disposición contratando a una empresa especializada en la materia.

Además se acordó que también será el ejecutivo el que asumirá la obligación de realizar los exámenes médicos necesarios a todas aquellas personas que se sospeche pueden haberse contaminado.

Cabe recordar que hasta la realización de la audiencia ya habían trascurrido 22 días de la clausura de los talleres debido a una medida cautelar y en este lapso de tiempo no se advertían visos de solución al problema.