En ese sentido, el legislador Alejandro Betelú afirmó que “se están dando superpoderes al Ejecutivo en esta producción, una concentración de atribuciones en desmedro de la autoridad ambiental, de aguas y de bosques”.

Observó que “se da excesiva prioridad a una autoridad minera y esto no debe ser. Hay que explotar la minería, pero cuidando el medio ambiente, el agua, los bosques nativos y otros recursos naturales”.

Resaltó: “tenemos que priorizar el desarrollo sustentable” y marcó “una diferencia muy de fondo con algunas cuestiones”.

Betelú también advirtió acerca de “un avasallamiento a la autonomía de algunas jurisdicciones” del Estado provincial.

Señaló que en el proyecto oficial “el primer fin es eminentemente recaudatorio, cuando en realidad hay que priorizar las cuestiones de medio ambiente y respetar el poder de policía de la autoridad del Código de Aguas en el otorgamiento de los permisos mineros”.

“Nos hubiera gustado que el tratamiento parlamentario sea más profundo porque no vemos la urgencia de tratar hoy este proyecto”.

Finalmente, indicó que “en la iniciativa se prevé que la empresa que solicita una inspección minera deposite dinero para que le hagan la inspección a nombre del inspector, esto está muy tomado de los pelos”.

Por su parte, el legislador Alfredo Pega coincidió con expresiones del miembro informante de su bloque (Betelú) y cuestionó “la forma de notificación que se realiza, de manera llamativa, de oficio, automática, a propietarios de campos de futuras explotaciones mineras y eso genera muchas complicaciones en el Región Sur”.

Observó que “llegan primeros quienes solicitan los cateos y después se enteran los dueños de los campos”.

A su turno, los legisladores Ricardo Ledo (Unidos por Río Negro) y Jorge Ocampos (ARI) no respaldaron el proyecto oficial y éste último requirió el pase del expediente a comisión, con el propósito de “sumar aportes y para que la actividad minera no produzca desastres ambientales”.