El abogado Roberto Gaviña expuso por más de una hora y dio por acreditados todos los hechos que se denunciaron por parte de las víctimas, Daniel Avalos y Carlos Lima. La calificación delictiva en el marco de los delitos de Lesa Humanidad fueron privación ilegitima de la libertad, torturas y secuestro.

El profesional le dio lectura a un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro creado el 5 de marzo de 1984. En ese informe se dejo en claro que desde la Jefatura de Policía no se brindaron los datos pedidos por esa comisión, por lo que nunca se pudo establecer claramente que instituciones actuaron y quienes fueron parte de la misma.

Gaviña también hizo un repaso pormenorizado de todos los testimonios que se fueron dando en la audiencia. Desde la palabra de Avalos, pasando por las declaraciones de las esposas de las víctimas, hermanos de Lima, el relato de un periodista, funcionarios y policías retirados, el abogado fue reconstruyendo todo el proceso en su alegato.

La declaración de Miguel Saiz en una carta

Finalmente leyó una misiva enviada por el gobernador de río Negro, quien brindó su testimonio ya que en esa época asesoraba legalmente al gremio de Sierra Grande y todos los viernes viajaba hasta la localidad.

En su último viaje, Saiz se encontró con los allanamientos de donde vio que sacaban armas y bombas, pero aclaró que desde que asesoraba al gremio en esa sede, nunca vio ni siquiera “una gomera”, haciendo alusión que en el lugar no había armas.

También el gobernador declaró que personalmente estuvo en la Comisaría cuando fue a preguntar los motivos de la detención  de Avalos y Lima cuando vio al último completamente rapado y en cuero. Lo reconoció porque Avalos al pasar le levantó un brazo.

Al preguntar los motivos de la detención, le expresaron que fueron concretadas por gendarmería bajo las órdenes del PEN (Poder Ejecutivo Nacional). En ese momento, el asesor legal de Uocra Sierra Grande pego media vuelta y no tuvo más contactos con esa entidad.

Los alegatos de la querella y la Fiscalía

Finalmente, el abogado Roberto Gaviña pidió para Alcides Codina y Manuel Lobos la pena de 10 años de prisión, por considerarlos coautores de privación ilegitima de la libertad de Avalos y Lima. También solicitó la inhabilitación a la fuerza por el doble de la condena.

En el caso de Sixto y Elvio Navarrete, los consideró participes primario en los allanamientos ilegítimos llevados a cabo en Sierra Grande. Solicitó una pena de 12 años y una inhabilitación por 24.

A Gerardo Pedernera, Jefe de Policía en la época del 24 de marzo de 1976 lo consideró participe primario del delito de privación ilegitima de la libertad y pidió 10 años de prisión y la inhabilitación por 20 años.

A Ruben Castelli, se le atribuye la participación primaria por privación ilegitima de la libertad de Daniel Avalos. Pidió la pena de 6 años de prisión con inhabilitación por 12.

Por último Mario Marasco, considerado participe primario de privación ilegitima de la libertad de Daniel Avalos, se pidió la pena de 6 años de cárcel y el doble de inhabilitación.

El fiscal solicitó penas de entre 6 años y 6 meses hasta 11 años en el mismo grado de responsabilidades que pidió la querella.  Los abogados defensores de los imputados brindarán sus alegatos mañana a partir de las 9 de la mañana.