El procedimiento judicial realizado este miércoles en las oficinas de ALTEC generó diversas versiones durante la jornada y puso el foco sobre una investigación vinculada a la seguridad informática de la administración provincial. Horas después, el Gobierno de Río Negro informó que la medida está relacionada con una denuncia por la presunta filtración de información reservada alojada en sistemas estatales.

El Poder Ejecutivo indicó que la investigación se inició tras detectar un posible acceso indebido a documentación interna por parte de al menos una persona vinculada al Estado provincial. Entre los datos extraídos figurarían recibos de haberes de funcionarios, incluido el gobernador Alberto Weretilneck.

La aclaración oficial llegó luego de que trascendiera la realización de un allanamiento en la empresa estatal de tecnología y comunicaciones, situación que dio lugar a distintas interpretaciones sobre el alcance del operativo. Desde el Gobierno señalaron que la medida judicial no estuvo dirigida contra ALTEC sino que formó parte de la investigación impulsada por la propia Provincia.

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Durante las tareas de análisis se logró identificar el equipo informático desde el cual se habría producido el acceso a la documentación reservada. Ese dispositivo fue resguardado inicialmente y posteriormente entregado a la Justicia para la realización de peritajes.

El Ejecutivo sostuvo que ALTEC colaboró técnicamente en la investigación a requerimiento de la Provincia y que tuvo intervención en el resguardo del equipamiento involucrado. Una vez determinado el origen de la filtración, el caso fue formalmente denunciado ante la Justicia provincial.

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La causa busca establecer cómo se produjo el acceso a los sistemas informáticos, qué volumen de información fue obtenido y si existieron otras personas involucradas. Los resultados de las pericias serán determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos y definir eventuales responsabilidades.

Desde el Gobierno remarcaron que la denuncia fue presentada por la propia administración provincial y que todas las actuaciones se desarrollaron dentro de los procedimientos legales vigentes para la protección de información pública sensible.