La eliminación del régimen nacional de compensaciones económicas para pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes oncológicos y personas trasplantadas abrió cuestionamientos en Río Negro, donde se advirtió sobre el posible impacto de la medida en el acceso al transporte de larga distancia para sectores que cuentan con cobertura legal específica.

El legislador provincial Fabián Pilquinao, del bloque Vamos con Todos (VcT), presentó proyectos de rechazo luego de la publicación de la Resolución 28/2026 del Gobierno nacional. La normativa, difundida el pasado 22 de mayo, elimina el esquema mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de transporte por los pasajes gratuitos otorgados a personas alcanzadas por esos regímenes especiales.

Con la modificación, las compañías de transporte quedan habilitadas a definir si continúan o no brindando el beneficio, situación que generó preocupación en distintos sectores vinculados a los derechos de personas con discapacidad y pacientes que requieren traslados frecuentes por razones de salud.

Pilquinao sostuvo que la decisión representa un retroceso en materia de derechos adquiridos y vinculó la medida con el contexto económico y social actual. Según expresó, el cambio se da en un escenario marcado por ajustes, pérdida de poder adquisitivo y reducción de subsidios estatales.

El legislador también hizo referencia a la Ley 24.901, normativa que regula el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad y que incorporó el acceso gratuito al transporte de larga distancia. En ese sentido, recordó que el beneficio surgió a partir de reclamos sostenidos por familiares y organizaciones sociales durante la década del 90.

Dentro de sus declaraciones, Pilquinao señaló además que la eliminación de las compensaciones económicas puede afectar el acceso efectivo al derecho al traslado, especialmente en personas que necesitan viajar por tratamientos médicos, controles o estudios fuera de sus lugares de residencia.

Los proyectos presentados buscan expresar el rechazo legislativo a la resolución nacional y advertir sobre las consecuencias que podría generar en usuarios y usuarias que dependen de este tipo de cobertura para garantizar tratamientos, rehabilitación y movilidad interurbana.