Una confesión inesperada en medio de un juicio por usurpación puso en el centro del debate la propiedad de la tierra en la Patagonia. El empresario Hugo Barabucci reconoció haber adquirido unas 14 mil hectáreas con dinero proveniente del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, una revelación que, según el abogado Juan Martín Palumbo, “deja en evidencia posibles violaciones a la legislación vigente”.

Palumbo, representante legal de Soledad Cayunao —integrante de la lof Cayunao—, aseguró que la confesión dejó “atónitos” a quienes participaban del proceso judicial. “No estamos hablando de un privado extranjero, sino de un gobierno comprando tierras en zona de frontera. Eso es aún más grave”, sostuvo en el programa Raíz Informativa, que conduce Pedro Caram, al tiempo que remarcó que la normativa argentina prohíbe este tipo de operaciones, especialmente en territorios estratégicos vinculados a recursos naturales.

Las tierras en cuestión se ubican en una zona cordillerana entre El Bolsón y Bariloche, donde nacen cursos de agua clave como el río Chubut. “Estamos hablando de un área con un valor ambiental y geopolítico enorme. La ley 26.737 es clara: no se puede permitir que capitales extranjeros controlen este tipo de territorios, y mucho menos a través de figuras interpuestas”, explicó el abogado, en referencia a la utilización de sociedades locales como posibles “testaferros”.

En ese sentido, Palumbo fue más allá y vinculó el caso con un escenario político más amplio. Señaló que existen intentos de modificar las leyes que regulan la propiedad de la tierra y advirtió que ello podría facilitar la extranjerización de recursos estratégicos. “Hay una estrategia para desarmar marcos normativos como la ley de tierras rurales, la de manejo del fuego o la de glaciares. Todo apunta a flexibilizar el acceso a los recursos naturales”, afirmó.

El letrado también cuestionó la falta de intervención estatal frente a antecedentes que ya advertían sobre estas situaciones. Recordó informes de la Comisión Investigadora de Tierras Rurales que, hace más de una década, habían señalado posibles irregularidades en la adquisición de tierras en la región. “Si se hubiese actuado en ese momento, hoy no estaríamos discutiendo esto con una confesión explícita en un juicio”, planteó.

Consultado por las declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck, quien sostuvo que las tierras están registradas a nombre de sociedades argentinas, Palumbo consideró que se trata de una interpretación que “desconoce deliberadamente la normativa vigente”. Según explicó, la legislación obliga a informar y autorizar cualquier cambio accionario que implique control extranjero, algo que —afirmó— no se estaría cumpliendo.

“El problema no es solo formal, es de fondo: quién toma las decisiones sobre esos territorios y sus recursos. Si el control lo tiene un gobierno extranjero, estamos ante una situación que compromete la soberanía”, advirtió. En esa línea, cuestionó la falta de acción de organismos como la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad de Fronteras.

En paralelo, Palumbo confirmó que se está trabajando en una denuncia para que se investigue el origen de los fondos utilizados en la operación, que rondarían los dos millones de dólares, y su eventual encuadre en la legislación financiera y de control de activos.

El caso judicial que motivó estas revelaciones concluyó con la absolución de Cayunao, quien había sido acusada de usurpación por Barabucci. Sin embargo, la Fiscalía y la querella aún podrían impugnar la sentencia. “Estamos a la espera de esa definición. Si avanzan, habrá una nueva instancia en el Tribunal de Impugnación”, explicó el abogado.

Más allá del desenlace judicial, el caso deja abierta una discusión de fondo. “No es solo un conflicto de tierras, es un debate sobre soberanía, recursos naturales y el rol del Estado. Lo que está en juego excede ampliamente este expediente”, concluyó Palumbo.