La propuesta de reforma de la ley de farmacias de Río Negro generó disconformidad y preocupación en el sector farmacéutico del Valle Inferior, que advirtió sobre la falta de participación en la elaboración del proyecto y posibles consecuencias en el funcionamiento del sistema.

La postura fue expresada por Gabriel Vázquez, integrante de la comisión directiva del Colegio de Farmacéuticos del Valle Inferior y vocal del colegio provincial, quien señaló que la iniciativa los tomó “por sorpresa”. Según indicó, desde el sector no tenían conocimiento previo de una intención oficial de modificar la normativa vigente, pese a tratarse de una ley que regula tanto el ejercicio profesional como la actividad de farmacias y droguerías.

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En ese sentido, remarcó que el planteo principal es poder conocer el contenido del proyecto y participar en su discusión, tal como ocurrió durante la elaboración de la legislación actual. Recordó que en ese proceso intervinieron el Poder Legislativo, el Ministerio de Salud y distintos actores del ámbito farmacéutico, incluyendo farmacias sindicales, con el objetivo de construir un marco regulatorio consensuado.

Vázquez explicó que el sector venía solicitando desde hace tiempo la actualización de la ley, especialmente en aspectos vinculados a la digitalización de la atención farmacéutica, como la homologación de la receta electrónica. En ese punto, detalló que actualmente persisten limitaciones normativas que obligan a trabajar con sistemas mixtos, donde conviven recetas digitales y en papel, e incluso se requieren duplicados físicos en el caso de medicamentos controlados, lo que genera trámites adicionales para pacientes y profesionales.

Además, mencionó otros aspectos que el sector considera necesarios de modernizar, como la regulación de las preparaciones magistrales dentro de las farmacias y la actualización de distintos puntos que hoy carecen de reglamentación. En ese marco, señaló que si bien el proyecto incluiría avances en materia de receta electrónica, existen otros temas que requieren debate y participación.

En ese contexto, el proyecto oficial incorpora cambios que modifican el esquema vigente, entre ellos la flexibilización en la apertura de nuevas farmacias, al eliminar criterios como la distancia mínima entre establecimientos y otras pautas de ordenamiento territorial. Sobre este punto, Vázquez explicó que estas regulaciones no responden a una lógica corporativa, sino que buscan garantizar la distribución del servicio en distintos sectores de las ciudades, evitando la concentración en zonas céntricas.

Indicó que la experiencia muestra que, sin esas limitaciones, existe una tendencia a instalar farmacias en áreas comerciales, lo que puede dejar sin cobertura a barrios periféricos. Incluso con la normativa actual, señaló que todavía hay sectores con menor acceso al servicio, lo que evidencia las dificultades para lograr una distribución equilibrada.

También se plantea la posibilidad de que la titularidad de las farmacias pueda estar en manos de personas físicas o jurídicas no farmacéuticas, manteniendo la exigencia de un director técnico. En relación a este punto, Vázquez advirtió —a título personal— que la incorporación de este tipo de figuras suele derivar en el ingreso de grandes grupos económicos, lo que en otras provincias se ha traducido en el cierre de farmacias independientes, unipersonales.

A su vez, la iniciativa habilita un marco más amplio para el funcionamiento del sector, con herramientas como la receta electrónica, la dispensa a domicilio y modalidades de atención remota, junto con la opción de que un mismo profesional pueda asumir responsabilidades en más de un establecimiento en determinados casos. Estos puntos son parte del análisis que realizan desde el sector, en función de su posible impacto en la organización del sistema.

Al mismo tiempo, planteó cuestionamientos sobre algunos contenidos de la iniciativa, al señalar que, en el análisis preliminar que realizan desde el sector, aparecen puntos que resultan “difíciles de entender” y cuya fundamentación no está clara.

Uno de los ejes de mayor preocupación está vinculado a la posibilidad de habilitar el ingreso de empresas o cadenas farmacéuticas a la provincia. Según expuso, experiencias registradas en otras jurisdicciones muestran que ese tipo de medidas puede derivar en el cierre de farmacias y afectar tanto a profesionales como a trabajadores del sector.

En ese marco, advirtió que la eventual desregulación podría impactar directamente en las fuentes de trabajo, y sostuvo que existe inquietud por la posible presión de actores externos interesados en ingresar al mercado provincial. “Vemos lo que ocurre en otras provincias y en algunos casos ha sido muy complejo para las farmacias”, indicó.

Finalmente, Vázquez también puso el foco en el rol que actualmente cumplen las farmacias dentro del sistema sanitario, al señalar que sostienen guardias y turnos, participan en campañas de vacunación y han colaborado con programas públicos en todo el territorio provincial. En ese contexto, planteó que el sector considera necesario ser escuchado antes de avanzar con una reforma que podría modificar su funcionamiento.

Mientras avanza el análisis del proyecto, desde el Colegio de Farmacéuticos del Valle Inferior anticiparon que continuarán evaluando el texto y reiteraron la necesidad de que se habiliten instancias de diálogo y participación antes de que la iniciativa avance en el ámbito legislativo.