El esquema salarial de la administración pública provincial continuará con actualizaciones bimestrales atadas a la evolución del índice de precios, mientras paralelamente también se profundizan controles sobre el ausentismo y se avanza con sanciones disciplinarias en distintos organismos.

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, recordó que el acuerdo vigente prevé aumentos calculados en base al promedio del IPC nacional y el de Viedma, en tramos de dos meses. En febrero se liquidó con actualización de diciembre y enero, mientras que marzo se abona sin cambios y en abril se aplicará el nuevo ajuste correspondiente al bimestre febrero-marzo.

La propuesta salarial fue presentada oportunamente en la mesa paritaria, donde ATE la aceptó y UPCN no acompañó. Aun así, los incrementos y adicionales fueron liquidados. Lastra  señaló como dato llamativo que, por primera vez, la inflación local de Viedma superó a la nacional en el cálculo del período.

Lastra insistió en que el esquema bimestral busca dar previsibilidad tanto a trabajadores como al Estado. “Permite proyectar ingresos y también ordenar el gasto salarial”, explicó, en relación a un sistema que el Gobierno prevé sostener en adelante.

Además, remarcó que el objetivo es garantizar el cumplimiento de obligaciones salariales sin afectar otros servicios públicos, en un contexto donde los sueldos representan una porción mayoritaria del presupuesto provincial.

Sanciones y control disciplinario

En paralelo, la funcionaria detalló el funcionamiento de las juntas de disciplina y confirmó la continuidad de cesantías y sanciones a agentes estatales. Indicó que uno de los motivos más frecuentes es el abandono de servicio, que se configura con inasistencias reiteradas o prolongadas.

También mencionó casos considerados graves que derivaron en la desvinculación de personal, principalmente en el ámbito de salud. Entre ellos, describió situaciones como abandono de guardias, emisión irregular de certificados médicos o conductas inapropiadas hacia pacientes.

Según explicó, las actuaciones pueden iniciarse tanto por denuncias internas como de personas usuarias del sistema público, y son evaluadas en ámbitos donde también participan representantes gremiales.

Ausentismo y juntas médicas

Otro de los ejes abordados fue el control del ausentismo. Lastra explicó que la incorporación de auditorías médicas modificó el circuito de validación de licencias, dejando a las juntas médicas la evaluación de los casos de largo tratamiento.

En ese contexto, destacó la firma de convenios con municipios para extender este sistema de control. Señaló que, tras la implementación, se registraron reducciones significativas en los niveles de ausentismo en distintas localidades.

Como ejemplo, mencionó que en Sierra Grande, tras evaluar a más de 40 agentes con licencias prolongadas, se redujo el ausentismo en un 80%. También indicó resultados similares en Río Colorado y Cipolletti, mientras que en Viedma el sistema ya fue renovado recientemente.

Capacitaciones y clima laboral

En materia de formación, la secretaria informó que se avanzó con capacitaciones obligatorias para áreas de recursos humanos, en conjunto con la Secretaría de Trabajo y el IPAP. Las instancias incluyeron herramientas para abordar situaciones de violencia en el ámbito laboral.

Según detalló, los contenidos ampliaron el enfoque que anteriormente se limitaba a violencia de género, incorporando otras formas de conflicto dentro del ámbito estatal. Las capacitaciones combinan modalidad presencial y virtual, con evaluación final.

Lastra sostuvo que estas acciones forman parte de una política orientada a profesionalizar el empleo público y mejorar la calidad de atención. También vinculó estas medidas con el ordenamiento general del Estado, que incluye controles, formación y revisión de prácticas administrativas.