El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se refirió a la decisión del Gobierno nacional de declarar la emergencia ígnea y la situación de zona de desastre en Río Negro, Chubut, Neuquén y La Pampa, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en el marco de los incendios forestales que afectan a la región patagónica.

El mandatario provincial valoró la medida adoptada por el Ejecutivo nacional al considerar que permite encuadrar institucionalmente la respuesta ante los focos activos y las consecuencias registradas en distintos puntos del sur del país. En ese contexto, Weretilneck hizo referencia al impacto de los incendios sobre comunidades, áreas productivas y zonas boscosas.

En declaraciones difundidas tras conocerse el decreto, el gobernador señaló que el fuego está afectando a familias, viviendas y fuentes de trabajo en distintas localidades. En ese sentido, hizo alusión a la situación que atraviesan vecinas y vecinos de las zonas alcanzadas por los incendios, en relación con las pérdidas materiales y las condiciones que genera la presencia constante de humo.

Weretilneck también expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei por la apertura al diálogo institucional. De acuerdo a lo indicado por el mandatario rionegrino, la decisión del Gobierno nacional refleja la disposición a trabajar de manera conjunta con las provincias patagónicas frente a una situación que requiere coordinación entre los distintos niveles del Estado.

En ese marco, el gobernador remarcó la necesidad de articular acciones entre Nación y las administraciones provinciales para atender la emergencia. Según explicó, el trabajo conjunto resulta central para garantizar respuestas rápidas y concretas, con la asignación de recursos y asistencia a los territorios afectados por los incendios forestales.

De acuerdo a lo informado, el DNU permitirá agilizar la llegada de recursos, equipos y asistencia a las zonas alcanzadas por el fuego. El decreto también establece un marco para avanzar en la atención de la emergencia, la restauración de las áreas afectadas y la implementación de medidas preventivas para evitar nuevos focos.

La emergencia ígnea declarada por el Gobierno nacional tendrá una vigencia de un año. Durante ese período, se prevé la adopción de las medidas necesarias para fortalecer las tareas de combate del fuego, acompañar a las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación ambiental y productiva de las zonas alcanzadas.