El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, y el legislador Luciano Delgado Sempé presentaron este martes una denuncia penal ante la Justicia Federal contra la diputada nacional y senadora electa Lorena Villaverde, el jefe de campaña de La Libertad Avanza Río Negro, Julián Goinhex, y el funcionario de ANSES Abelardo Calfín. La presentación judicial apunta a presuntos delitos vinculados al financiamiento público de la última campaña electoral en la provincia.

La denuncia radicada por los legisladores del bloque también integran Ayelén Spósito, Magdalena Odarda y Fabián Pilquinao, incluye acusaciones por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica y emisión de facturas apócrifas, de acuerdo con los artículos 174 inciso 5°, 292 y 298 bis del Código Penal. Según el bloque denunciante, las maniobras habrían sido reveladas por el propio responsable financiero de La Libertad Avanza en Río Negro, Roberto Zgaib, quien detectó una factura por más de 70 millones de pesos por trabajos de cartelería “que nunca se realizaron”.

Berros sostuvo que se trata de “una maniobra para quedarse con fondos públicos que la Justicia Electoral destina a las campañas”, y afirmó que “no se trata de una operación mediática ni de una denuncia política”. En declaraciones difundidas por el bloque, el legislador expresó que las irregularidades “ponen en evidencia un intento de enriquecimiento a costa del Estado” y cuestionó la falta de transparencia de los dirigentes denunciados.

Por su parte, Delgado Sempé afirmó que la denuncia busca “frenar un esquema de corrupción que desnuda la verdadera naturaleza del espacio que se presenta como ‘la nueva política’”. El legislador recordó que “el principal financista de La Libertad Avanza Río Negro, Fred Machado, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos” y agregó que “su estructura local intentó apropiarse de más de 140 millones de pesos mediante facturas falsas y contratos irregulares”.

El escrito judicial también señala presuntas incompatibilidades éticas y legales, ya que Abel Calfín, actual jefe de la oficina de ANSES en Villa Regina, habría actuado como proveedor de material publicitario para la campaña libertaria, en contravención con la Ley de Ética Pública, que prohíbe a los funcionarios ser proveedores del Estado. Según la presentación, incluso se habrían utilizado bases de datos de ANSES para afiliar personas fallecidas o sin consentimiento a la fuerza política.

Desde el bloque Vamos con Todos consideraron que el caso refleja “un patrón de conducta incompatible con los valores democráticos y la transparencia en el manejo de fondos públicos”. En ese sentido, Berros calificó el accionar denunciado como “una mancha oscura en la democracia argentina y una vergüenza para Río Negro”, mientras que Delgado Sempé advirtió que “La Libertad Avanza no llegó para mejorar la vida de la gente, sino para usar el Estado como negocio propio”.

Los legisladores concluyeron que las irregularidades “deben ser investigadas con celeridad por la Justicia Federal”, y afirmaron que su presentación “apunta a resguardar los recursos públicos y el correcto funcionamiento del sistema electoral”.