El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa un momento de incertidumbre y preocupación debido al reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que, según los empleados, pone en peligro la continuidad de la autarquía del organismo, su representación federal y, en consecuencia, los puestos laborales dentro de la institución. La incertidumbre sobre estas definiciones, que ya habían adelantado extraoficialmente desde el gobierno nacional, había llevado a los trabajadores a reclamar apoyo ante distintos organismos provinciales. 

Horacio Pallao, Secretario de la Asociación del Personal del INTA, expresó que el DNU omite una de las funciones más cruciales del INTA: la extensión. Esta actividad, clave para transmitir los avances de la investigación a los productores, es vital para el funcionamiento de las 300 agencias que el INTA posee a lo largo del país, y las que, en el caso de Valle Inferior, involucran a tres agencias locales, que actualmente enfrentan un futuro incierto.

Pallao detalló que, desde la sanción del DNU, 52 seccionales de todo el país se encuentran en asamblea permanente, y en breve se realizarán acciones simbólicas como tomas pacíficas de edificios y abrazos simbólicos para visibilizar la situación. Además, resaltó que los trabajadores, tanto permanentes como temporarios, temen perder su fuente de empleo si el ajuste que plantea el DNU se lleva a cabo.

Juan Gallego, Coordinador del Área de Producción Animal en la Estación Experimental Agropecuaria Valle Inferior del INTA, añadió que el ajuste podría afectar a hasta un 40% del personal en la estación experimental local. En total, el INTA Valle Inferior cuenta con 48 empleados de planta, de los cuales entre 15 y 20 personas estarían en riesgo de perder su empleo debido a las medidas planteadas por el decreto. Este ajuste tendría consecuencias devastadoras, considerando que la estación agropecuaria cubre una vasta extensión de 5 millones de hectáreas y trabaja con productores de cuatro departamentos de la provincia.

El INTA, en su rol de transferencia de tecnología y asistencia técnica a productores rurales, es responsable de llevar a cabo tareas de investigación, experimentación y asesoramiento en diversas áreas, como el manejo de cultivos, el control de plagas y la venta colectiva de productos como la lana y la carne. Gallego subrayó que el trabajo de extensión es fundamental para los pequeños y medianos productores, ya que les permite acceder a nuevas tecnologías y mejorar la competitividad de sus actividades productivas. “Acompañamos a los productores con sistemas de alerta temprana y trabajamos con las mujeres rurales en sus establecimientos, promoviendo el acceso a tecnologías adaptativas para optimizar los cultivos de nuestra región”, afirmó.

Este contexto de incertidumbre se extiende más allá del ámbito laboral. Con la amenaza de un ajuste en el personal y los recortes que se mencionan en el DNU, la comunidad agropecuaria teme por la continuidad de estos programas, que afectan a miles de productores de la región. Ante esta situación, los empleados del INTA exigen respuestas claras y medidas que garanticen la estabilidad de la institución y la protección de sus puestos de trabajo.

El decreto, que aún debe ser discutido por la Comisión Bicameral, tiene un plazo de 30 días para ser rechazado o aprobado en ambas cámaras del Congreso. En este escenario, los trabajadores del INTA hacen un llamado a la movilización y a la reflexión, buscando visibilizar su situación y lograr la intervención del poder legislativo antes de que las medidas propuestas se implementen.

La situación plantea un desafío tanto para los trabajadores como para la comunidad agropecuaria, que depende del INTA para mejorar su productividad y asegurar un desarrollo sostenible en la región. La incertidumbre crece a medida que se acercan los plazos de decisión, y la tensión sigue aumentando entre los empleados y las autoridades políticas.