La falta de reglamentación de la ley provincial 4949, sancionada hace más de diez años para establecer protocolos de seguridad en hospitales públicos, volvió a ser motivo de reclamo por parte de legisladores y representantes del sector sanitario. La norma, aprobada el 28 de marzo de 2014 y promulgada poco después, establecía un plazo de 30 días para su reglamentación, algo que hasta el momento no se ha concretado.
La legisladora de la Coalición Cívica, Daniela Agostino, solicitó recientemente al gobierno provincial que avance en la implementación efectiva de la ley, subrayando la necesidad de proteger al personal de salud frente a los episodios de violencia que, según señaló, se han incrementado en los últimos años. "Son de público conocimiento las situaciones de agresión e invasión en su ámbito de trabajo que sufren los profesionales de la salud", indicó Agostino en declaraciones a este medio.
En marzo de 2015 se había creado una comisión interministerial para trabajar en la reglamentación de la ley, la cual preveía la creación de un programa específico para la prevención y abordaje de hechos de violencia en hospitales de la provincia. Sin embargo, no hubo avances concretos y el proyecto quedó estancado, según manifestaron quienes participaron en aquellas instancias.
La preocupación también fue compartida en su momento por la Defensoría del Pueblo de Río Negro. En agosto de 2016, la entonces Defensora, Nadina Díaz, inició actuaciones de oficio a partir de denuncias de personal hospitalario que había sufrido agresiones. Díaz advirtió entonces sobre la falta de resguardo para el personal y los bienes utilizados en los centros de salud, e instó al Poder Ejecutivo provincial a cumplir con la reglamentación.
Desde el ámbito sanitario se señala que los episodios de violencia se incrementaron notablemente durante la pandemia de COVID-19, tanto en frecuencia como en gravedad. Este escenario reforzó la necesidad de contar con una herramienta legal que permita prevenir y actuar frente a situaciones de riesgo para trabajadores y trabajadoras del sistema público de salud.
En enero de 2024, al asumir su banca parlamentaria en el actual período legislativo, Agostino reiteró el pedido de reglamentación de la ley 4949. La legisladora, que fue coautora del proyecto junto a su par Cristina Uría, insistió en que es indispensable que el gobierno provincial brinde una respuesta concreta para proteger al personal hospitalario. "Es función del Estado proteger a sus propios empleados del sector, con los que la sociedad mantiene una deuda simbólica por su labor durante la pandemia", remarcó.
16 mayo 2025
Río Negro