Desde la Coalición Cívica de Río Negro, dirigida por Javier Acevedo, se plantea una interrogante acerca de las razones que impulsan el Paro General y la movilización propuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA y algunos Movimientos Sociales, especialmente respaldados por el Partido Justicialista de Río Negro. Este apoyo, según la coalición, contrasta con cuatro años de lo que describen como "silencio cómplice" durante la gestión anterior, que consideran como uno de los peores gobiernos de la historia democrática.

El comunicado destaca que apenas cuarenta días después de asumir el nuevo gobierno, estas organizaciones, respaldadas por el aparato político kirchnerista, han despertado de su supuesto letargo cómplice. Se argumenta que el motivo es la defensa del pueblo frente a la denominada Ley ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23.

Sin embargo, la Coalición Cívica sostiene que los mecanismos de la democracia y la república están operando correctamente. Se enfatiza que el proyecto de ley está siendo discutido en el Congreso, y la Coalición Cívica, en su papel de oposición responsable, ha presentado propuestas de modificaciones y límites a diversas emergencias y facultades extraordinarias.

Se subraya que el ministro del Interior está atendiendo los reclamos de los gobernadores, y el Decreto de Necesidad y Urgencia está en tratamiento por la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo con los procedimientos establecidos.

La Coalición Cívica reitera su respeto al derecho de manifestación y petición a las autoridades, así como al derecho de huelga. No obstante, expresan su preocupación por la medida extrema de un paro general activo, acompañado por una movilización, cuestionando su necesidad en un contexto donde los mecanismos republicanos y constitucionales están operando adecuadamente.

Finalmente, se plantea la pregunta sobre el sentido de convocar a este paro cuando los mecanismos institucionales están funcionando correctamente. Se sugiere que, históricamente, sectores del peronismo y el kirchnerismo han utilizado a la CGT, la CTA y organizaciones afines como un instrumento desestabilizador después de perder elecciones.