La ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, informó que el proyecto que impulsa el Ejecutivo Provincial con acuerdo de ministros fue trabajado en conjunto con la legisladora Marcela Avila del bloque de Juntos Somos Río Negro.

Afirmó que “la idea es aportar en materia normativa un proyecto que colabore y contribuya en la prevención. Seguramente previo al tratamiento tendremos que defenderlo en comisión. Es un proyecto que tiene por objetivo fines preventivos y se ha trabajado también relevando normas de otras provincias de estas características”.

Explicó que “los centros reguladores de energía aportarán las herramientas al Ministerio de Seguridad y Justicia para generar la posibilidad de llevar adelante tareas preventivas, pero además la obligación para las partes es registrar todo lo que tenga que ver con la comercialización, la fundición o el transporte de materiales no ferrosos”.

Destacó que “lo interesante del proyecto es que crea un registro que va a ser obligatorio, que va a estar en cabeza obviamente del Ministerio de Seguridad y Justicia y que va a ser digital, donde todas las personas que comprendan la ley deben registrarse y además registrar todo tipo de operaciones que realicen tanto actividades de venta como de compra del material no ferroso y obviamente también el transporte”.

Explicó que “le da la facultad también a la Policía de Río Negro de llevar adelante inspecciones en todos estos lugares, con la obligación que van a tener las partes de exhibir la inscripción en el registro, la habilitación municipal y las autorizaciones ante el organismo que corresponde para cualquier habilitación comercial, y además poder exhibir a disposición de la autoridad de aplicación de todo el material no ferroso”.

Informó que “en el caso que se detecte que alguno de ellos proviene del mercado ilícito o no cumple con la reglamentación o la normativa vigente, tiene la facultad la Policía de forma inmediata de secuestrar los elementos que puedan estar vinculados a una actividad no lícita y después dar obviamente comunicación a la autoridad administrativa en el caso que tenga que ver con la habilitación comercial o a la autoridad judicial en forma inmediata en el caso que se detecte la comisión de un hecho delictivo”.

El proyecto de ley del Ejecutivo ingresó a la Legislatura el pasado 18 de septiembre. Uno en los mismos términos fue presentado el 1 de septiembre por el legislador del Frente de Todos, José Luis Berros.