Tras el pedido del intendente de Viedma, Pedro Pesatti al vicegobernador, Alejandro Palmieri para que convoque a la Comisión Especial de Seguridad de la Legislatura rionegrina hubo diversas reacciones en el ámbito político tanto local como provincial.

La solicitud de Pesatti llega a partir del reclamo de vecinos que claman mejoras en la seguridad pública y puntualmente después de un reclamo público que hicieron familiares del joven Jonathan Caracciolo, muerto hace dos semanas al quedar en medio de una balacera desatada en inmediaciones del barrio Lavalle.

Juan Pablo Gorosito, secretario de Turismo, Cultura y Deporte y una de las piezas políticas de Pesatti, emitió una opinión pública ayer domingo.

Gorosito consideró que “el pedido del intendente Pesatti para que la Legislatura convoque a la Comisión Especial de Seguridad se inscribe en el reclamo de respuestas que desde el gobierno municipal se solicita a los estamentos del Estado que tienen la misión, función y herramientas para operar sobre la problemática. En otras palabras, el responsable de diseñar y ejecutar las políticas de prevención y represión del delito es el Estado provincial a través de la fuerza de seguridad que conduce, mientras que el poder Judicial es el encargado de las sanciones”.

Más adelante expresó que se debería “convocar a las partes y que se pongan a trabajar seriamente los tres poderes del Estado provincial para generar una mejora urgente en una situación preocupante, especialmente en las ciudades de mayor población de la provincia”.

En virtud de las reacciones que el pedido de Pesatti, el funcionario municipal cuestionó al legislador de Cambia Río Negro, Juan Martín y a las concejalas Roberta Scavo y Vanessa Cacho Devincenzi.

“Se vio inmediatamente la oportunista reacción del legislador del PRO Juan Martín, evidentemente preocupado por rascar un voto para las PASO del mes próximo. En el plano local, la misma lógica plantean concejales como Roberta Scavo y Vanesa Cacho, que tan distantes se manifiestan en términos ideológicos pero terminan accionando y votando juntas cada tema del Deliberante”, sostuvo.

Pero también planteó diferencias con los gobiernos provincial y nacional. Al gobierno de Arabela Carreras lo acusó de no asistir al municipio viedmense por más de dos meses.

Dijo que “si bien este gobierno (municipal) no relaciona pobreza con delincuencia como hacen en general desde la oposición, el trabajo del área Social de la municipalidad es inconmensurable, muchas veces con un esfuerzo humano y económico que no es acompañado convenientemente desde la provincia o la Nación. 70 días sin ayudas provinciales ni nacionales al inicio de la pandemia es una muestra evidente de esa soledad”.

“La municipalidad puede ayudar y de hecho, lo hace. Pero tirarle la responsabilidad de la Seguridad a los gobiernos locales no es más que sacarse el sayo. Ya lo dijo el propio Pesatti oportunamente: a los funcionarios provinciales, a los jueces, fiscales, encargados de la seguridad, no los conoce casi nadie. Pueden disfrutar de suculentos salarios y meses de vacaciones sin que los vecinos los señalen o le reclamen en el supermercado o en un paseo por la calle. En cambio, el intendente de cada pueblo o ciudad de la provincia es la figura más cercana al vecino, el que recibe el reclamo permanente, pero puede dar respuestas en la medida en que tenga las herramientas para hacerlo”, subrayó Gorosito.