El Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Viedma tomó intervención en la revisión del contrato del sistema de estacionamiento medido y pago que funciona en la
capital provincial y que por pedido de la Defensoría del Pueblo de la
ciudad es también reexaminado por el Poder Ejecutivo.
La defensora del Pueblo de Viedma, Nora Cader había
recopilado una serie de denuncias sobre presuntos incumplimientos por parte de
la concesionaria, la fundación ANYARC y la empresa que le provee el servicio
logístico. La funcionaria pidió además rescindir el contrato.
Ahora, los vocales del Tribunal de Cuentas Federico Tello
y Cristian Randazzo formalizaron pedidos de informes porque quieren saber el
estado de situación tras haber pasado más de un mes de que la Defensoría del
Pueblo de la ciudad le remitiera la documentación al Poder Ejecutivo.
Randazzo remitió un pedido de informes a la fundación ANYARC para que en el plazo de cinco días hábiles responda sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo noveno del contrato de concesión.
En tanto, Tello hizo un pedido de informes al Poder Ejecutivo con un plazo de 72 horas hábiles para dar respuesta.
“Expuestas ciertas falencias por la citada Defensoría en el cumplimiento de dicho servicio, solicito se eleven a esta vocalía todos los informes, apercibimientos, auditorías y demás actuaciones que se hayan suscitado ante dicha concesión”, requirió Tello al Ejecutivo municipal.
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Ana Navarro, no intervino en ninguno de los requerimientos.
30 diciembre 2025
Viedma