La defensora del Pueblo, Adriana Santagati reclamó que la empresa Edersa cumpla el contrato y las inversiones establecidas y rechazó el pedido de aumento del tarifas del 81 por ciento del concepto de Valor Agregado de Distribución que había solicitado la prestadora.

“Mi posición fue el rechazo al aumento pretendido por la empresa al Valor Agregado de Distribución que fija cómo se actualizaría de aquí a 5 años el costo que la empresa necesita para realizar las inversiones operativas. Para fundamentar nuestra opinión tomamos como referencia cuál ha sido el comportamiento de la empresa en los últimos cinco años y lo consideramos deficitario”, indicó.

Detalló que en el organismos a su cargo “obra una multiplicidad de actuaciones iniciada por ciudadanos y de oficio por cortes o afectaciones que involucraron regiones enteras. Hay multas labradas por el Ente que fueron onerosas, que fueron descontadas del monto de las facturas a los usuarios, lo que da cuenta que es una empresa que no cumplió lo que establece el contrato de concesión que establece que se debe brindar un servicio de calidad”.

Santagati se refirió también “a la tremenda deuda que tiene Edersa con Cammesa, el distribuidor mayorista”. Dijo que en la audiencia pública realizada el martes “uno de los oradores hizo alusión a que cada usuario estaría debiéndole 11 mil pesos a Cammesa, pero no, los usuarios no le deben nada a Cammesa porque quien cobró fue Edersa y no pagó. La empresa cobró el costo del abastecimiento a todos los usuarios”.

Dijo también que Edersa “es una empresa monopólica, porque a excepción de Barilcohe y Dina Huapi que se abastecen con la Cooperativa y Río Colorado el resto de Río Negro depende de ella y ningún rionegrino puede elegir a otra empresa. Cada aumento que se agregue al VAD va a impactar en la factura, por eso expresamos nuestro rechazo y solicitamos el cumplimiento del contrato en los términos que corresponde y el cumplimiento de las inversiones con control del ente regulador”.

Pidió “revisar lo que ocurre con los usuarios que viven en zonas más vulnerables”, y calificó como “emergencia energética o pobreza energética” a la la situación de las personas que “poseen electrodomésticos con alto consumo y viviendas no aisladas, que no tienen gas por lo que consumen más energía eléctrica, son los que más pagan y menos pueden”.

Reclamó “mayor acceso a la tarifa social que durante el gobierno anterior fue prácticamente testimonial, porque se impusieron requisitos que significaban restricciones, como no tener un auto con menos de 10 años de antigüedad, cada vez se fue reduciendo más la gente con tarifa social”.

Propuso “volver al esquema anterior, una tarifa social integrada de fácil acceso, porque hoy hay una política ya determinada por el gobierno nacional anterior, a la que la provincia adhiere”.

Por otro lado, impulsa que “se estudie una tarifa, por un tiempo, un plan de contingencia para poder ayudar a las pymes, a los monotributistas y a quienes vieron afectado su trabajo como consecuencia de la crisis sanitaria, eso sería saludable hacerlo”.

Agregó que “es muy difícil pensar en aumentos en este momento” y destacó que la zona atlántica, la región Sur y la El Bolsón “son los que sufren mayores afectaciones por falta de inversión, al punto que pedimos intervención del ENRE porque hay mucho problemas”.

También indicó que este año participó de la audiencia pública del gas “donde las pretensiones de la distribuidora y la transportadora era algo así como el 48 por ciento y 80 ó 100 pero el Enargas autorizó un 17 por ciento”.

En cuanto a Edersa dijo que los arreglos que realiza “son parches, estamos hablando de una empresa que no es sustentable, que según nuestros informes tiene una deuda de 8 mil milllones que se le cobró a los usuarios”. Finalmente destacó que “sería auspicioso poder fomentar la participación ciudadana, que todos participen, porque cuantas más voces participen mejores son los resultados”.