La concejala Vanessa Cacho Devincenzi elevó un proyecto para declarar de interés cultural, comunitario y social el PBU (Plan Básico Universal Obligatorio) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, conexión fija a internet y tv por suscripción, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2021.

Destacó que la iniciativa del gobierno nacional constituye un gran desafío para generar mayor conectividad y accesibilidad, revirtiendo la brecha digital que la pandemia puso en evidencia en todo el territorio nacional.

Reivindicó que el PBU beneficiará a más de 10 millones de habitantes, entre ellas jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados, con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimo; trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos; beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo; beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo; trabajadoras y trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles, y personas que se encuentren desocupadas o se desempeñen en la economía informal. Explicó que en todos estos casos el beneficio alcanzará a hijas e hijos de entre 16 y 18 años.

Consideró también que el PBU alcanzará a clubes de barrio, asociaciones de bomberos voluntarios y asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos, entre otros.

Recordó que hace más de tres años ya el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución donde establece que el acceso a Internet y a las nuevas tecnologías de comunicación deben ser considerados  un derecho básico de todos los seres humanos.

Indicó que en esa línea, el gobierno nacional fundamentó el lanzamiento del PBU que el ejercicio pleno de la ciudadanía implica el acceso a la tecnología, por eso allí donde el mercado todavía no ha podido resolver, tiene que estar la mano presente del Estado que lleva adelante este tipo de políticas públicas.