Mediante
un proyecto de ley presentado hoy, el legislador provincial Juan Martin (Juntos
por el Cambio) pidió excluir de todo tipo de programa de ayuda oficial a
quienes participen de usurpaciones de terrenos y viviendas públicos o privados.
La iniciativa contempla también la cesantía en caso de que se trate de
empleados públicos y prohíbe la conexión de servicios a ocupaciones ilegales.
“Tenemos
casos en los que desde el Estado se da apoyo material a quienes participan de
las usurpaciones, o como las ayudas se usan de prenda de negociación”, señaló
Juan Martin, considerando que “el Estado no puede negociar con delincuentes y
mucho menos fomentarlos”.
El
legislador detalló que “la propuesta es que quienes participen de usurpaciones
queden excluidos por cinco años de los programas de ayuda, y en el caso de los
empleados públicos que queden inhabilitados por dos años”.
Según
el proyecto, no hará falta una sentencia judicial firme, “ya que se trata de
delitos en flagrancia, donde los autores están filmados y son conocidos.
Además, en muchos casos, llegan los funcionarios y reparten las ayudas en el lugar,
y esto es lo que queremos terminar”.
“Además
estamos creando un registro único de programas sociales, a cargo del Ministerio
de Gobierno, para que haya un mayor control de quienes reciben ayudas”, explicó
el parlamentario.
Juan
Martin consideró que “con estas medidas lo que buscamos es desalentar las
tomas, que en definitiva son el negocio de algunos vivos que en muchos casos se
aprovechan de necesidades reales y que en otros directamente quieren sacar
provecho o extorsionar al Estado y a los dueños de las tierras”.
26 abril 2024
Río Negro