La Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado expresó su rechazo a la ley provincial sancionada ayer en la Legislatura que impone el nombre de "Antonio Torrejón" al Centro de Interpretación Faunística de Punta Bermeja.
Desde la organización consideraron que el proyecto, de legisladores del oficialismo, debió ser analizado por la Comisión de Derechos Humanos del parlamento, ya que Torrejón fue funcionario durante la última dictadura cívico militar, nombrado por el propio presidente de facto Jorge Rafael Videla.
Juan Manuel Chironi, presidente de la Asociación, manifestó que el planteo se realizó oportunamente ante la Legislatura. En tanto, se prevé también algún tipo de reclamo al Concejo Deliberante de Viedma, de donde surgió el pedido para la imposición del nombre.
Chironi explicó que "nos enteremos por lo diarios cuando se trata en el Concejo Deliberante, que eleva a la legislatura el pedido y después nos fuimos enterando de los trascendidos del tratamiento en las comisiones de la Legislatura".
En este marco, "nosotros presentamos un anota solicitando que este proyecto sea tratado en la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, porque entendemos que es ese ámbito donde se pueden debatir este tipo de temas".
Chironi consideró que "las implicancias para nosotros son graves respecto a nombrar a alguien que tiene un grado de complicidad civil con lo sucedido en la última dictadura militar, independientemente si está alcanzado por la Ley 4.680 de 2012 que prohíbe que ocupen cargos públicos quienes hayan tenido cargos durante la última dictadura cívico militar".
Al respecto, el referente de la organización detalló que "si uno lee el libro '100 años de Turismo' -autoría de Antonio Torrejón-, él hace una interpretación de la dictadura peligrosa y nociva encuadrada en la teoría de los dos demonios que no trata como delitos de lesa humanidad lo ocurrido durante la dictadura y los equipara con el accionar de las organizaciones políticas que se opusieron a la dictadura. Es decir la teoría de los dos demonios en su máxima expresión".
"Uno puede decir que Torrejón no fue el brazo ejecutor, no torturó, no arrojó gente viva al río, no sustrajo bebés, pero tiene que ver con el clima ideológico, los apoyos civiles que hubo de los sectores económicos, la iglesia, algunos ya juzgados por delitos de lesa humanidad como pasa, por ejemplo, con la empresa Mercedes Benz", manifestó Chironi.
Mientras añadió que "se trata de un civil al que le ofrecen un cargo en la dictadura militar y lo acepta. La pregunta es, ¿uno aceptaría eso?. Es una pregunta que nos podríamos hacer todos y nos lleva implicaciones éticas. Y esas implicaciones en la actualidad tienen que ver con el concepto de justicia transicional. Es decir, nosotros necesitamos producir justicia, verdad, memoria, reparaciones y reformas institucionales".
"Por ejemplo una reforma institucional es esta, la ley que la provincia con buen tino aprobó en el año 2012 que prohíbe el acceso a cargos públicos".
"Entonces éticamente nos podemos preguntar, culturalmente, ¿aporta a la sociedad?. Para cualquier niño que vaya a la reserva y se pregunte por el nombre y su accionar en los diferentes momentos de la historia. En ese sentido, al menos debió ser tratado por la comisión de derechos humanos de la Legislatura", finalizó Chironi.
18 abril 2024
Viedma