Igoldi dictó procesamientos en causa judicial por obra de asfalto en San Antonio

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El Magistrado dispuso la falta de mérito de Leandro Mario Michelli, en el hecho referido a la imputación a), calificado como incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del C.P.) a excepción de la infracción del punto I del presente resolutorio, (partícipe necesario del hecho reprochado a Javier Iud. )
 
Finalmente ofició al Consejo Deliberante de San Antonio Oeste a los fines de informe sobre el trámite dado al pedido de desafuero de Claudio Palomequez y Javier Iud. Todo ello en relación a la investigación judicial en la que están vinculados ambos funcionarios municipales por la presunta tramitación irregular de obras de asfalto en San Antonio Oeste.
 
Según consta en el expediente judicial en relación al hecho investigado, habría ocurrido “en San Antonio Oeste en fecha que no se puede precisar con exactitud pero presumiblemente entre el 25 de septiembre del 2008 y el 11 de mayo del 2010, fecha de la recepción provisoria de la obra "Pavimento 98 cuadras Planta Urbana SAO, ejecución 1ra Etapa 50 cuadras de Pavimento Rígido", Javier Alejandro Iud, Claudio Esteban Palomequez y Leandro Mario Michelli, todos ellos funcionarios públicos de la Municipalidad de San Antonio Oeste, el presidente de la empresa VIAL AGRO S.A. Pablo Alberto Quiantin y los responsables técnicos de la Empresa VIAL AGRO S.A., Ing. Jorge Andres Sánchez y Héctor Linkiewicz, habrían tramitado, ejecutado y abonado la obra antes mencionada, violando la reglamentación vigente y perjudicando el erario público en el monto según pericia contable obrante a fs. 338/355, cuyo monto ascendería a la suma de pesos cinco millones cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos trece con 30/100 ($ 5.436.413,30); toda vez que mancomunadamente habrían realizado distintas maniobras tendientes a incluir sobreprecios en el costo de la obra y luego ejecutar la misma en forma deficiente, utilizando ardidosamente menos materiales de lo especificado técnicamente en detrimento de los costos por los cuales se los contrató”.
 
El Juez Igoldi reseñó que “la imputación formalizada por el Ministerio Público Fiscal, en síntesis, señala en relación al mismo trámite de licitación y obras realizadas, distintos tipos de conductas presuntamente ilícitas: A) Inobservancia de las disposiciones de la Carta Orgánica Municipal y de los preceptos de Licitación Pública: Este tramo de la imputación se dirige sobre las conductas del intendente Javier Iud, el Director de Obras Públicas Claudio Palomequez y el Secretario de Gobierno Leandro Mario Michelli.Se atribuyen todas disfuncionalidades relacionadas con la tramitación del proceso Licitatorio. B) Existencia de Sobreprecios: Esta imputación se dirige contra Javier Iud, Claudio Palomequez y Mario Michelli, funcionarios municipales con la participación necesaria de Carlos Kirchner -Secretario de Obras Públicas de la Nación- y Alfredo G. Andreoli -Secretario de Planificación de la Municipalidad de San Antonio Oeste-.Se refieren, básicamente, a haberse presupuestado oficialmente la obra a Licitar con sobreprecio en perjuicio del Erario Público. C) Ejecución de la Obra: Se imputa a Pablo Alberto Quantin, presidente de la Empresa VIAL AGRO S.A. haber presentado la oferta (expte 078 /08 ) a sabiendas de la existencia que en el computo y presupuesto oficial había varios items repetidos y tareas que no se iban a realizar, traducidiéndose en sobreprecio de la obra detallados en el Punto B) Existencia de sobreprecios. Mientras que Jorge Andrés Sanchez y Héctor Linkiewicz como responsables técnicos de la empresa VIAL AGRO S.A. en la obra "Pavimento 98 cuadras Planta Urbana SAO, ejecución 1ra Etapa 50 cuadras de Pavimento Rígido", haber defraudado al erario público toda vez que en forma maliciosa habrían realizado defectuosamente las tareas de construcción al efectuarlas sin la calidad ordenada contractualmente. El porcentaje abonado y no ejecutado habría obedecido a una ficción creada con un fin defraudatorio, pergeñada por el contratista –Ing. Jorge Andrés Sánchez y Héctor Linkiewicz - junto al Certificador de Obra -, Palomequez- con el fin de lucrar indebidamente con conocimiento del Intendente Javier Iud. “
 
El Juez Igoldi señaló al momento de resolver que “previo a todo destacaré que la Carta Orgánica Municipal aplicable al caso era aquella vigente al momento de los sucesos, a saber, la aprobada el día 14/11/1989 (y no la actual).”
 
Al referirse a la primera imputación (Inobservancia de las disposiciones de la Carta Orgánica Municipal y de los preceptos de Licitación Pública), afirmó que “...encuentro debidamente acreditada la violación normativa del art. 36 e) de la Carta Orgánica Municipal vigente al momento de los hechos, actuando el prevenido Michelli en carácter de partícipe necesario de la conducta del Intendente Javier Iud, en razón de intervención en el dictado de la Ordenanza (conf. Art. 53) que concluyó el procedimiento con la ilegal suscripción del contrato entre el Municipio y Agro Vial S.A.”
 
Respecto de la imputación referida a Sobreprecios indicó que “ingresando al segundo tramo de la imputación, esta consiste en haber presupuestado, el Municipio, oficialmente la obra de Pavimentación en la suma de $27.304.725, resultando excedida dicha oferta en $5.436.413,30, violentando en este marco y para este fin, normas aplicables (significando esta última suma dineraria un perjuicio para el Estado). El plexo probatorio da la razón a la imputación formulada.”
 
Agregó que “consultado el perito sobre el valor que debió tener la obra, confirma que la misma debió ser de $20.772.969,77. Que ha existido un sobre precio de $5.436.413,30. Sin dudas, entonces, se verifica que el Decreto de mención -suscripto por Iud y refrendado por Michelli- formaliza una oferta oficial sin fundamento alguno, que termina por fijar el precio posterior del ofertante, el que excede en mas de $5.000.000 el pago luego efectuado al particular.”
 
Sostuvo que “el administrador de los fondos, conforme Acuerdo (convenio marco) celebrado entre el Municipio de San Antonio Oeste y la Secretaría de Obras Públicas (dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) del expediente administrativo S01:0250422/2008, aparece como el responsable directo -al dictar el Decreto 2579 del 9/12/08- de los fondos infielmente administrados-. Ningún recaudo tomó para evitar el perjuicio, por el contrario, las conductas se orientan a beneficias a terceros por sobre el Estado.”
 
Consignó que “por su parte, el Secretario de Gobierno Leandro Mario Michelli, al refrendar el mencionado Decreto prestó una ayuda necesaria sin la cual el acto infiel pudiera haberse realizado (conforme art. 53 COM), quien no desconocía la realidad de los hechos dado el cargo político y de jerarquía que ocupaba. “
 
Finalmente respecto de la imputación referida a Ejecución de la Obra, el Juez señaló que “tal como surge del expediente Licitatorio, fue finalmente la empresa Vial Agro S.A., representada por Pablo Quantin. En el punto B -Sobreprecios- se dio cuenta de las repetición de ítems de tareas a realizar, también y concretamente, de la existencia de items indebidos como el de movilización de obra, que fueron ofertados, a sabiendo claramente de sus indebidas incorporaciones. “
 
“Este ingreso indebido de items, siguió el precio oficial de la obra, el que aparecía excedido sin dudas -en poco mas de $5.000.000, y que no le era posible desconocer al empresario indagado. Existió un aprovechamiento e intención de beneficiarse indebidamente de la ilegal conducta de los funcionario municipales que ofertaron un precio excedido de la obra, que trasunta en una conducta, de parte del particular, defraudatoria del erario público”, fundamentó.
 
“A esto se agrega la no realización total de la obra, en el sentido de omitir un 9% de pavimentación, por lo que a aquel primer beneficio indebido, se le suma este segundo consistente en un ahorro considerable, perjudicando, insisto, al patrimonio estatal”, concluyó el Juez.
 

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