La Procuradora General Silvia Baquero Lazcano participó, entre el 21 y 23 de abril pasado, del Primer Congreso de Narcocriminalidad desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del cual los Procuradores y Fiscales Generales manifestaron que “el modo en que se lleva a cabo la gestión judicial respecto de los delitos relacionados a las drogas” genera “impunidad de aquellas actividades relacionadas con el narcomenudeo” entendiendo como tal el vínculo entre las organizaciones dedicadas al narcotráfico y la comunidad.

“La Justicia Federal se ha visto imposibilitada de abordar esta clase de delitos”, por lo cual se vuelve necesaria “una férrea y estable política de Estado sobre este tema”, sustentada en “la fortaleza de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales, atento a la superioridad científica generada por los complejos laboratorios de que disponen y su mejor distribución territorial”.

En la Declaración, difundida al término del mencionado Congreso, se hace referencia al exitoso ejemplo que, en este sentido, brindan las provincias que adhirieron a la desfederalización exhibiendo “importantes logros en condenas de vendedores de drogas, sin concentrarse en la persecución de consumidores” que, no obstante, son
implicados en la investigación en calidad de testigos”.

“Es posible que la justicia provincial y la federal ejecuten actividades coordinadas y efectivas (…) adoptando modelos de intervención más flexibles que el vigente en nuestro ámbito”, por lo cual instamos a las autoridades competentes a proveer el aporte económico establecido por la ley 26.052, para fortalecer la actividad
de aquellas provincias que ingresen a este régimen, y hacer más previsible la situación de las que aún deben incorporarse, para lograr efectos contundentes contra la narcocriminalidad”, finaliza el comunicado suscripto por los presidentes del Consejo de Procuradores, Defensores y Asesores Generales de la Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal y consensuado por la totalidad de sus integrantes.