1) Tierras del Sur es, desde 2012 una escuela pública, reconocida por esta gestión de gobierno y cuyo funcionamiento se encuentra aprobado por varias resoluciones del Ministerio y del Consejo Provincial de Educación. El establecimiento no es privado, ni de gestión privada, ni pretende serlo. No recibe subsidios, ya que las escuelas públicas funcionan conforme los presupuestos educativos vigentes. No es administrado por  ninguna fundación, ni asociación civil, ni organización privada de ningún tipo. Por ello, es simplemente la comunidad educativa, es decir, los docentes, los estudiantes, que en su mayoría ingresaron cuando la escuela ya era estatal, y sus padres, quienes nos hemos auto convocado para reclamar los derechos de los niños y adolescentes y por la estabilidad laboral de la planta docente.

2) Ante el intempestivo anuncio del 19 de diciembre de 2014 del cierre definitivo del colegio y de la pérdida de los cargos docentes -quienes gozan de derechos laborales adquiridos-, reclamamos que no estaban dadas las condiciones para efectuar los pases y tomar decisiones en el entorno familiar, por lo que se vulneraba el derecho a la educación. Cabe aclarar que nunca se presentaron las resoluciones administrativas correspondientes, las decisiones fueron tomadas sin fundamento alguno, a través de las llamadas “vías de hecho” que se encuentran prohibidas por la ley. La respuesta del Ministerio ante una desprolijidad evidente de su gestión, fue prometer una evaluación del Proyecto Educativo, para decidir posteriormente con dichos resultados a la vista y fundándose en ellos.

3) La situación de incertidumbre al comienzo del ciclo escolar y la preocupación de las familias y docentes, nos llevaron a pedir reiterados informes desde enero de 2015, por las vías administrativas correspondientes. La respuesta del Ministerio fue siempre la del silencio. El 2 de julio de este año se reunió por primera vez una Comisión evaluadora del proyecto educativo para conocer las distintas posturas de los actores de la comunidad, familias, docentes, autoridades. El 5 de julio, es decir, tres días después de conformar dicha comisión, se anunció en los medios de comunicación el pretendido cierre del colegio.

4) El autoritarismo demostrado por la gestión ministerial, el silencio frente a los pedidos de información y las irregularidades administrativas, nos llevaron a organizarnos para, en primer lugar, saber qué pasaría con el Colegio, y así también para reclamar lo que consideramos que era el derecho de todos los integrantes de la comunidad educativa. Se decidió democráticamente que la vía judicial del amparo era la única posible, ante la falta de información, el destrato y la incertidumbre.

5) El proceso judicial del amparo se interpuso junto con una medida cautelar de no innovar, la cual se rechazó al inicio, lo que permitió que mientras se alargaba la tramitación del amparo, las autoridades del Ministerio pudieran seguir disolviendo la escuela arbitrariamente. Luego, simplemente organizaron reuniones para informar todo lo que ya habían dispuesto. Frente a la invitación para realizar propuestas realizada por el Poder Ejecutivo, quisimos recabar información sobre el estado de la “Fundación Tierras del Sur”, que administró el Colegio hasta su estatización en marzo de 2012. Sin embargo, en las oficinas de la Dirección de Personas Jurídicas nos impidieron el acceso al expediente.

6) Nos manifestamos en las calles, y en los medios que nos dieron un espacio para expresar nuestros reclamos. No se pretenden privilegios de ningún tipo: Queremos que Tierras del Sur siga siendo una escuela pública, y que se respete la participación de la comunidad educativa en las decisiones trascendentales, tal como lo prevé la Ley F 4819 para toda escuela estatal. Procedemos de distintos barrios de Viedma y Patagones, de todos los sectores sociales, y forman parte de la matrícula alumnos integrados. Llegamos a la escuela Tierras del Sur algunos pocos antes de su estatización, pero la mayoría después de 2012, es decir, como alumnos inscriptos en una escuela pública. En la escuela los chicos tienen sus grupos de amigos y de estudio, y se realizan actividades que nos integran como comunidad y nos fortalecen como colectivo inserto en la localidad, como lo hace cualquier otra escuela. Por ejemplo recientemente hicimos una barrileteada por el día de la Paz y durante el año hicimos jornadas comunitarias y solidarias, visitas a instituciones y actos escolares.

7) El día 5 de octubre pasado conocimos la sentencia que no hizo lugar al amparo tan esperado. Después de eso, el día 6 de octubre, se invitó a tres padres a una reunión con la Ministra. Una de las alumnas de primaria, que había hablado ante el Juez, quiso entrar, pero no lo permitieron. Frente a los tres padres, estaba el equipo completo de funcionarios, simplemente para transmitir las decisiones tomadas. Pedimos algunas cosas: un lugar para los chicos que pasaban a Sala de 3 años, ya que el Maternal no existirá más, y eso se consiguió en el Jardín del 83. Pedimos por la continuidad de los equipos de directivos y docentes, muchos de los cuales entraron por asamblea después de 2012, pero eso se denegó. En ningún momento dijo nadie la barbaridad que la Ministra denuncia: como hemos dicho, los alumnos y sus familias provenimos de distintos sectores de Viedma y Carmen de Patagones; los padres que representaron a la comunidad en dicha reunión, son una docente con experiencia, una mamá que ha defendido los derechos de los estudiantes del CET Nº 6 y lo sigue haciendo, y un papá que simplemente patrocinó al resto de los padres para iniciar el amparo, y que no es “apoderado legal” de nadie, como dice el comunicado oficial. La Ministra, incluso después de haber obtenido un resultado favorable por parte de la Justicia, creyó necesario seguir perjudicando a la comunidad, mintiendo al decir que tuvo que escuchar frases discriminatorias. ¿Por parte de quién? No lo dijo. ¿Alguno de los tres padres mencionados podría jamás pronunciar algo así frente a las autoridades de un Ministerio? La mentira es torpe, burda. Por lo demás, es peligrosa. Porque genera un estigma en los chicos, y las comunidades que los reciban como estudiantes podrían creer que se trata de chicos “discriminadores”. Por el contrario, como le dijo al Juez un alumno de primaria en la audiencia: “Yo vivo en una villa… yo no discrimino”.