Afirmaron que al mencionado “desde la Dirección de tierras se le ha entregado permiso precario de ocupación, desconociendo y vulnerando los derechos de la comunidad”.

Añadieron que “las denuncias del robo sistemático del territorio se vienen realizando desde el año 1999 mediante diversas presentaciones ante los diferentes organismos estatales, entre ellas el cierre del camino de acceso al territorio de la comunidad mediante una tranquera con candado, que da lugar a la disposición N° 75/2002”.

Mediante esa norma la Dirección de Tierras “dispone el establecimiento de una servidumbre de paso, lo cual nunca se llevó a la práctica ni fue exigido por este organismo, por lo que hasta la actualidad existe aún la tranquera cerrada con candado”.

Aseguraron que cuentan con el relevamiento técnico- jurídico- catastral que desarrolla el Programa de Relevamiento Territorial Indígena en el marco de la ley Nacional N°26160 cuya carpeta aún se encuentra en análisis por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

También mencionaron que existe un dictamen de la Comisión Investigadora para el relevamiento de Transferencia de Tierras Rurales desde el año 2013, donde se reconoce que se ha injerido en una “conducta al menos irregular por la Dirección de Tierras, por actuar arbitrariamente perjudicando a la comunidad quienes se han vistos reducidos en la extensión de tierras que poseen”.

La comunidad expresó que “el estado ha implementado diversos mecanismos de sometimiento sobre el pueblo mapuche, llevando adelante el despojo del territorio mediante la fuerza o el engaño de nuestros hermanos y hermanas, favoreciendo a terratenientes y fomentando la instalación de villas turísticas, generando pobreza y destierro de nuestras comunidades”.

“Agotadas las instancias de reclamo, donde nuevamente el estado invisibilidad y niega los derechos de nuestro pueblo, la única manera que tenemos de frenar el destierro es ejerciendo el control territorial efectivo, recuperando así el territorio robado”, concluyeron.