Para la central sindical se "trata de un desaparecido más en democracia, en la provincia de Río Negro y ahora el Juez Julio Martínez Vivot decidió poner en libertad a los acusados por la desaparición seguida de muerte del obrero salteño: los uniformados Sandro Berthe, Juan Barrera, Pablo Bender, Diego Cuello, Andrés Albarrán, Diego Quidel y Héctor Martínez, fijando una sanción de 400.000 pesos".

La CTA considera que "el juicio, en el que se tiene que ventilar la responsabilidad de los acusados, se estanca y que todavía no se resolvió como continuará el proceso, ya que se espera la resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para saber si será la Justicia Federal o la ordinaria la encargada del juzgamiento".

Ademas, consideran que "el cuerpo no aparece y que la investigación se diluye teniendo en cuenta que el mencionado Juez se negó a autorizar la búsqueda en un jagüel señalado en una estancia cercana a Choele Choel".

La Central Obrera recuerda que "las máximas autoridades de la actual gestión provincial, apenas asumieron, se acercaron al acampe de la familia Solano para garantizar celeridad en el esclarecimiento del crimen del "peón golondrina" que al momento de desaparecer se encontraba organizando una huelga".

"Ya pasaron casi cuatro años y la única respuesta para esta causa ha sido la impunidad. Sin dudas que una parte importante del poder político y una multinacional con sede en la provincia están encubriendo el grave delito", aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General de la CTA Río Negro y agregó: "Ahora van a liberar a los siete uniformados detenidos y hay más de 22 implicados, sin que el pueblo de Río Negro conozca todavía cómo va a continuar el proceso para determinar quiénes fueron los responsables de esta desaparición seguida de muerte que sucedió en democracia".