“Debo confesar que no es asombro lo que siento, es tristeza por aquellos que habiendo podido mantener ese estado, la prisión del Juez sospechado de corrupción de menores que estaban bajo la guarda y protección del Gobierno Provincial, lo liberaron”, expresó la legisladora Ana Piccinini.

“Trato de ponerme en el lugar de tantos chicos, niños y niñas presos de este Sistema perverso, abandónico que no los provee de las mínimas atenciones y cuidados y que jamás los libera”, añadió.

Dijo también que “ese castigo hacia Juan Bernardi, esa prevención de mantenerlo alejado de la sociedad a través de la Prisión Preventiva era más una sanción ética que penal y deberían haberla mantenido fundada en la necesidad de devolverle algo de credibilidad al Sistema”.

“Leí los fundamentos del fallo, son idénticos a los de cualquier fallo que anula una Prisión Preventiva. Es más, la cita de los antecedentes son los usados históricamente para ese fin. Pero este caso no es igual a ninguno. Aquí se trata de un Camarista penal, máximo grado del escalafón de la carrera judicial sobre el cual se presume hacia retirar a niñas de un lugar de alojamiento Institucional para llevarlas a su casa y practicar sexo con ellas”, remarcó Piccinini.

Más adelante sostuvo que “a pocas horas de ser electo legislador, el ex Ministro Ricardo Arroyo decía:"No tengo nada de que arrepentirme", las niñas estaban bajo el cuidado de su área. Hoy por la mañana el Gobernador decía:"No hay más excusas para las reformas". La primera de ellas no se hizo esperar: El Juez Bernardi recuperó su libertad. Este Juez que siempre fue un mimado del Poder, recibe de la mano del Gobernador la garantía de dormir en su cama calentito lejos de aquellos compañeros de celda que cumplen las sentencias dictadas por él. Porque Bernardi es Sartor y Sartor es Weretilneck y así como comparten las ganancias también comparten las deudas”.

También hay disconformidad en SITRAJUR

Desde el SITRAJUR, manifestaron su preocupación: “Nos queda la palpable verificación de la doble categoría con que se califica a los procesados, de acuerdo a su procedencia social y/o posición de poder”.

“Se acuerda con la excepcionalidad de las medidas restrictivas y privativas de la libertad. Con lo que no se puede acordar bajo ningún punto de vista, es que se aplique solamente y en categorías puras, a quienes tienen importantes cuotas de poder”, manifestaron desde el gremio.

Agregaron que “el concepto de peligrosidad procesal es el que se verifica como discriminador. Aquí se considera menos peligroso en esos términos, a una persona que sabe perfectamente cómo se dirige una investigación y por tanto las posibles formas de desviar las mismas y que está por su posición de poder, en clara distancia con respecto a sus posibles víctimas y testigos del hecho que se investiga”.

Subrayaron que “se trata ni más ni menos de un Juez de Cámara que tiene o tuvo en sus manos la resolución de infinidad de hechos similares a los que se le imputa, y como consecuencia, una cantidad de contactos, relaciones y posibilidades de incidir, no sólo en la investigación sino también en la voluntad de quienes son víctimas y posibles testigos del aberrante hecho. No es posible racionalmente considerar menos peligroso a un Juez imputado de un delito, que a una persona que en similares condiciones de imputación, resulta ser una persona que no tiene ninguna cuota de poder ni económico ni funcional”.

“Esto es lo que nos preocupa de lo recientemente resuelto. No se puede hablar de igualdad, cuando en una disparidad evidente de condiciones, se considera menos peligroso a un poderoso que a cualquier ciudadano común. Esta doble vara es la que nos hace ver la necesidad de que iniciativas como la reforma del consejo de la magistratura resultan fundamentales para el correcto control del poder del estado más conservador”, indicaron.

Consideraron que “el consejo pudo suspender a Bernardi, cuando se vio controlado por un grupo de vecinos autoconvocados por el hecho, y ellos mismos fueron testigos de la posición del Poder Judicial en su seno, cuando la presidenta del STJ adhirió prácticamente a los argumentos de la defensa de Bernardi en vez de sostener el pedido del Juez de Instrucción (que en términos formales, era el pedido del poder judicial)”.

“Por ello, seguimos sosteniendo la necesidad de democratizar al poder judicial, abrir la participación popular dentro del consejo de la magistratura, y exhortamos a los otros poderes del estado a generar los espacios necesarios para que se de un debate profundo que nos lleve a realizar estos objetivos”, finalizaron.