En tanto que, -en materia legal-, deberá garantizarse a las personas con discapacidad, el acceso permanente y efectivo a todos los procesos judiciales por derecho propio; y en materia comunicacional todo lo conducente a tal fin.
 
El objetivo general de dicho Protocolo es promover el acceso a justicia de las personas con discapacidad, mediante la toma de conciencia por parte de los operadores y las operadoras del sistema, sobre las barreras que obstaculizan la participación directa e indirecta de aquellas en los procedimientos judiciales, y específicamente se circunscribe a la remoción de las barreras socioculturales; entendidas éstas como la suma de las barreras actitudinales (prejuicios y discriminación existentes en la sociedad y en las instituciones) las barreras lingüísticas y la falta de “toma de conciencia” de las personas que operan en el sistema judicial.
 
La Acordada 02/15 del STJ también incorpora en la capacitación de Magistradas, Magistrados, funcionarios, funcionarias y personal del Poder Judicial, las directrices emanadas del mencionado Protocolo, a fines de su debida internalización y puesta en práctica en la atención especializada
 
La adhesión al referido Protocolo se enmarca en el Plan de Acción para la Argentina sobre Acceso a Justicia promovido por el Programa Eurosocial II-Programa Regional para la Cohesión Social en América Latina.
 
El Superior Tribunal de Justicia destacó que el marco normativo en el que se sustenta este documento, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad, aprobadas por la XV Cumbre Judicial Iberoamericana. La primera de ellas con rango constitucional y las aludidas “100 REGLAS”, de aplicación obligatoria en el Poder Judicial de Río Negro en tanto fueron incorporadas por Acordada a la Ley Orgánica K-2430.
 
Cabe consignar que han intervenido en la elaboración del Protocolo de Acceso a Justicia para Personas con Discapacidad, el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, el programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
El STJ recordó que dicho Protocolo ha sido ya difundido y replicado en las cuatro Circunscripciones Judiciales, en forma conjunta por el Programa ADAJUS y la Oficina de la Mujer de este Poder Judicial.