El hecho ocurrió hoy, en la conferencia de prensa brindada por los doctores Manuel Maza y Guillermo Suárez, quienes ejercen la representación letrada de dos de los imputados en la causa .
Entre los funcionarios presentes se encontraban la legisladora Viviana Pereira, en su carácter de presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Río Negro (CONIAR); el secretario de Derechos Humanos, Daniel Badié, en representación del Ministerio de Educación; la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Daniela Heim; la subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de Viedma, Gladis Cofré; la subsecretaria de Protección Integral de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes del Ministerio de Desarrollo Social, Verónica Smith y demás funcionarios de la cartera social.
En un esfuerzo conjunto, los funcionarios solicitaron a Baquero Lazcano que se adopten en forma inmediata las acciones que permitan investigar la posible comisión de un delito penal, algún incumplimiento funcional, solicitando también que cesen rápidamente dichas conductas claramente intimidatorias hacia las víctimas.
Ello por cuanto se entendió desde los diferentes organismos, que la información brindada por la representación letrada de los imputados atenta de lleno contra la debida protección a la intimidad e identidad de las niñas víctimas del delito de corrupción de menores que se investiga.
Asimismo, se solicitó evitar la divulgación de información que pueda conducir a la identificación de esas víctimas y velar por la seguridad de las niñas, así como por la de sus familias y los testigos a su favor, frente a intimidaciones y represalias que pudieran surgir en el marco de la investigación que se lleva adelante.
En este marco, la Procuradora tuvo presente lo manifestado e informó que daría inmediata vista al fiscal y al juez de la causa actuantes, a los fines de que adopten las medidas correspondientes y que se estimen pertinentes para preservar la reserva de identidad de las víctimas.
Por otra parte, corrió traslado también al fiscal en turno, a efectos que evalúe si de los hechos denunciados puede surgir la comisión de delito perseguible de oficio y al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Viedma, para que evalúe la conducta de los letrados mencionados.
Finalmente, en dicho acto los funcionarios acompañaron documentación respaldatoria de la denuncia efectuada mediante la cual se acreditaba la información ventilada por los mencionados profesionales y no descartaron recurrir ante diferentes organismos nacionales e internacionales de no cesar la conducta de la defensa de los imputados.