Algunas familias de Villa del Carmen denuncian hostigamiento municipal

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Cabe recordar que luego de un intento de expropiación en el 2007, la comuna realizó un año más tarde allí un relevamiento dominial.

Se se pudo determinar que en ese momento existían 40 viviendas, de las cuales un 18%  eran producto de una ocupación posterior al año 2004 y un 74 % contaba con una antigüedad superior a los 4 años. Cabe destacar que un 19 % de los encuestados no ofreció datos al respecto.

Tras ello la municipalidad se comprometió a celebrar un acuerdo con cada una de las familias y realizar una tenencia precaria del sector actualmente ocupado, en donde el particular cederá al Municipio los derechos posesorios.

Dicha tenencia iba a quedar sin efecto y el beneficiario debía desalojar de inmediato su parcela cuando la comuna ponga a disposición una vivienda alternativa.

Sin embargo, algunos de esos vecinos mantuvieron una reunión el fin de semana pasado con entidades mapuches y organizaciones sociales. En la oportunidad concluyeron que “es hora de decir basta y dar a conocer los últimos hechos acontecidos, de amedrentamiento y hostigamiento por parte del gobierno municipal y la policía; desde el año 2008 se vienen dando varios intentos directos, e indirectos de desalojo”.

“A estos hechos cargados de violencia institucional se suman los realizados últimamente”, expresaron y mencionaron que los días 31 de marzo y 2 de abril pasados se intentó de manera violenta y abusiva desalojar a una familia mapuche, sin presentar ninguna orden legal”.

Añadieron que el martes 29 de abril “se alambró parte de la barranca, cortando los accesos de las casas y los senderos consolidados que comunican a los vecinos de Villa del Carmen con el río. Esto se llevó a cabo por la orden del Secretario de Obras Publicas,  Daniel Bengochea, violando los derechos básicos de libre circulación, posesión del lugar y acceso al río”.

También mencionaron que el domingo 4 de mayo, a las 12:00, “nos vimos intimidados y acosados por el intendente Ricardo Curetti, que vino personalmente a sacar fotos a los vecinos y sus casas, amenazando verbalmente y diciendo con textuales palabras: “de aquí a un año no va a quedar nadie acá (quinta 85p)”.

Ante esta situación denunciaron “una clara actitud racista y discriminatoria de querer despojar a las familias humildes de la quinta 85p, con la evidente intención especuladora, entorno a la tierra que tienen los funcionarios junto a sus testaferros”.

Aseguraron que “muchas de nuestras familias que el municipio intenta desalojar viven en estas tierras desde hace más de 50 años, las cuales traen consigo una historia de despojo, genocidio y etnocidio, que hoy se intenta repetir sobre nosotros por parte del Estado, negándonos el derecho a vivir en nuestra propia tierra, en condiciones dignas, para cualquier ser humano”.

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