07/02/2012

Cada día que transcurre vemos cómo el Gobierno de Río Negro sigue avasallando los derechos de los trabajadores en la Provincia, demostrando que no están dispuestos a retroceder un ápice en su persecución ideológica a los empleados que ellos relacionan con las anteriores gestiones.

Otra prueba más de esta situación es el nuevo embate sufrido hoy por los trabajadores de la empresa estatal Canal 10, donde no sólo se ha despedido a gran parte de ellos, sino que también se les coharta la posibilidad de protestar y de ejercer su derecho de huelga a quienes todavía mantienen -no se sabe si temporalmente- sus puestos de empleo.
Lo más ilógico de esta situación, es que mientras los nuevos funcionarios se llenan la boca cuestionando las designaciones de familiares de los funcionarios del anterior Gobierno, no han hecho otra cosa en estos dos meses que hacer exactamente lo mismo. O sea, por un lado se critican anteriores políticas, pero por el otro, hacen exactamente todo lo mismo que ellos mismos cuestionan.
Por caso, mientras el secretario general de la Gobernación, Julián Goinhex, decide arbitrariamente despedir, o peor aún, presionar a los empleados para que renuncien a sus puestos en Canal 10 por su  supuesta identificación con el ex Gobierno radical, no tiene ningún empacho en nombrar a su hermano Gustavo Goinhex como Jefe de Contenidos de la Emisora.
Tampoco hubo ningún reparo para designar a Virginia Argañaraz, nuera del ex Gobernador Carlos Soria, también entre los más altos cargos directivos de la empresa, demostrando que no tienen ningún problema en reirse en la cara a los trabajadores.
Nos solidarizamos con los trabajadores despedidos injustamente, muchos de ellos incluso estando en Planta Permanente, y los empleados que siguen en sus puestos de trabajo bajo la amenaza constante de los directivos de la empresa.
No estamos hablando de despidos justificados, sino de una verdadera afrenta contra los trabajadores, situación que ha trascendido las fronteras provinciales y los límites de la política, ya que numerosas entidades de todo el país se han solidarizado con los empleados de Canal 10 que están siendo víctimas de esta situación.
Desde nuestro sitio reclamamos la urgente revisión de esta situación y el cese inmediato de la persecución contra los trabajadores rionegrinos. Nuestra sociedad no se merece actitudes como éstas que está llevando adelante el Gobierno del Frente para el Cambio.

Cristina Uría      Marta Milesi
Legisladora        Legisladora
UCR CpD       UCR CpD

La respuesta peronista

"Hablan sin saber donde están paradas". Así se refirió el legislador Ariel Rivero al opinar sobre las declaraciones de las legisladores Uría y Milesi a quien consideró como "dos ex funcionarias del régimen que hablan sin saber donde están paradas, porque parece que no se dan cuenta que pisan sobre los escombros de una Provincia que ellas ayudaron a destruir".

Rivero recordó que "Uría está procesada por la causa Flavors" y  enfatizó que "resulta indignante que esta ex ministra de Saiz haga declaraciones para criticar el gobierno del Frente para la Victoria cuando está implicada en uno de los negociados más inmorales que se han cometido en la Provincia. Uría es responsable directa de la pésima calidad de los alimentos que se distribuían en nuestras escuelas y en los programas alimentarios, razón por la cual me da vergüenza ajena leer sus declaraciones que están atravesadas por la impunidad de la que ha gozado hasta ahora".

"No hay dudas -agregó el legislador de Campo Grande- que Uría nos ataca porque sabe que cuando llegue el pedido de la Justicia le vamos a sacar los fueros, porque pensamos lo mismo que nuestro exgobernador Carlos Soria que consideraba la corrupción en la administración pública como un delito de traición a la Patria."

"Uría está proceda por ese delito -explicó Rivero- y no hay dudas que junto con Marta Milesi ha sido parte de un régimen que implosionó como consecuencia del alto grado de corrupción que alcanzó durante el gobierno de Miguel Saiz."

"Nosotros -dijo finalmente el parlamentario del FpV- no venimos a perseguir a ningún trabajador ni lo estamos haciendo. Queremos ordenar y reconstruir un estado que hoy carece de toda capacidad para cumplir con lo que justifica su razón de ser pues todos sabemos que durante años fue convertido en un coto para hacer del empleo público un toma y daca en épocas de elecciones.