Sentencia del juicio al juez Iribarren

16/09/2008 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ACTA DE SENTENCIA NRO. 14/08

///GENERAL ROCA, 15 de Septiembre de 2008.-------------------

AUTOS Y VISTOS: En acuerdo los señores miembros del Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción Judicial Dres. Dino Maugeri, Gabriela Lastreto y Marcelo Campetella por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial, los Sres. Adrian Torres, Daniel Sartor y Dr. Martín Soria por la Legislatura Provincial, el Dr. Carlos Ernesto Vila en representación del Fuero Penal, bajo la Presidencia del Dr. Alberto Italo Balladini, Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y con la participación del Dr. Juan Manuel Montoto Guerrero, Secretario del Consejo de la Magistratura, para resolver en autos: "PRESIDENTE DEL S.T.J. S/INVESTIGACIÓN", Expte. CMD/060/06.-

RESULTA:-

---1. El día 15 de setiembre de 2008 se celebró el debate en los presentes obrados con la presencia de los Sres. Consejeros, el Sr. Procurador General Subrogante Dr. Juan Ramón Peralta, del enjuiciado Dr. Pablo Iribarren, cuyos datos obran en su legajo personal en razón de ser Magistrado del Poder Judicial de esta Provincia, y de su abogado defensor Dr. Oscar Pineda.-

---Abierto el acto por el Sr. Presidente, por Secretaría se procede a la lectura de la requisitoria fiscal. En dicha pieza procesal, conforme el artículo 32 inc. c) de la ley 2434 el Sr. Procurador General Subrogante, en su condición de fiscal en autos, acusa al Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción Nro. 12 de General Roca, Dr. Pablo Iribarren, por su actuación como Juez de Feria, habiendole imputado el siguiente hecho histórico:-

---No "...haber ejercido debidamente las funciones que le son propias a sus respectivos cargos, el 24 y 25 de enero de 2005, con relación al trámite de rebeldía y captura, y posterior libertad del imputado Alberto Eduardo Paita, en los autos caratulados "Rivoire, Rubén Mario s/denuncia" (expte. nro. 32.721/01", en su rol de Juez de Instrucción ... de Feria... El no ejercicio debido de la función que le son propias radica, concretamente, en no haber desplegado las diligencias ordinarias, cotidianas y regulares que la práctica judicial indica; esto es, no haber chequeado y ponderado con anterioridad a la decisión, en un auto o decreto fundado, la imputación efectuada al justiciable por el titular del Juzgado de Instrucción nro. 4, en lo que hace a la calificación legal y monto de pena, sino también a la gravedad de los hechos, a sus antecedentes penales computables y no darle intervención alguna al Ministerio Público Fiscal de feria en las diligencias indispensables del caso...". (v. fs. 400).-

---En relación al hecho intimado, luego de producido el debate, el Ministerio Público Fiscal sostuvo: que con las probanzas rendidas en autos, se encuentra acreditado el hecho histórico que forma parte del requerimiento. Dijo que “En primer lugar, tenemos que ver -a modo de introducción- que esto no puede ser otra instancia de un expediente judicial, aún cuando se analicen resoluciones jurisdiccionales. De otra forma, si se pudieran reabrir, se alteraría la seguridad jurídica e independencia del Poder Judicial. Refirió cita de doctrina sobre tal cuestión, dando cuenta de que así nos trasformaríamos en intérpretes de última instancia de los conflictos judiciales, por sobre los Magistrados. Sentado ello, indicó, cuando miremos una resolución del proceso, debamos aceptarla, sea más o menos justa, nos guste o no, porque puede ser que haya en la misma una preponderancia al valor libertad, o en su caso, al valor de aplicación de una sanción. Debemos ser amplios de criterio. Pero cuando vamos a ver una resolución judicial como una cuestión del Consejo de la Magistratura como mal desempeño de la función, lo que hay que observar es si la misma cabe dentro del marco legal. Lo que tenemos que ver es si el decreto cuestionado que dispuso la liberación de Paita por parte del Dr. Iribarren, está o no dentro del marco legal. Por qué? Porque la situación de detención está regulada de los arts. 264 en adelante del CPP, que nos legisla sobre la forma en que tiene que venir la persona al proceso. La primera forma es por citación, y luego explica cuándo es que tiene que venir detenido, detallando las causales: cuando no le corresponda la excarcelación, cuando la pena que vaya a recaer sea necesariamente efectiva, flagrancia, sea reincidente o se presuma que no cumplirá la pena, y demás casos previstos en el art. 267 del rito, que enumera los ochos casos correspondientes, allí detallados. Así se torna operativo el art. 268 del mismo cuerpo legal, y Paita debía venir detenido al proceso. Antes que nada, dicho cuadro legal viene de la ley 23.054 y el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, que no prohíben el arresto, sino que lo limitan, le ponen vallas, tendiente a que sea digno. Nuestra CN, art. 18, pide que la detención sea por orden escrita de autoridad competente. La CPRN establece además otros requisitos. El CCP en su ex art. 291 establece los requisitos de la prisión preventiva, y en la exención de prisión, señala que va a corresponder la detención cuando no proceda la condena condicional. La excarcelación también está reglada. La declaración escrita del Dr. Gauna Kroeger, en sus punto 5, 6 y 7, señala cuándo procede la detención. Si bien adherimos a una postura libertaria, no garantista, hay casos en que corresponde el encarcelamiento preventivo, lo que se analiza nuevamente al resolver el procesamiento y luego en la sentencia. Después de ocurrir los hechos aquí tratados, salió el fallo del STJ “Pérez Casal”; con dicha doctrina puede salir hoy un violador u homicida, pero lo impediría la circunstancia de que este no se fuera a presentar, así como la posibilidad de que la persona vaya a continuar en actividades delictivas. Solamente se podría negar la liberación si hay peligro de fuga o de frustrar el desarrollo del proceso, o reiteración delictiva. Continuó explicando el Dr. Peralta las características de lo resuelto en dicho precedente y los parámetros que surgen del mismo: gravedad de la pena, grado de acreditación de la prueba, posibilidad de reiteración delictiva, conducta anterior y posterior al delito. Antes de este fallo, expresó, el marco legal imponía la detención de Paita, conforme art. 268 del rito, que no contraría ningún Pacto Internacional. La requisitoria fijó el hecho tal cuál lo hizo el Instructor Sumariante, y ahí señaló las faltas o imputaciones concretas que se hacían. Dio lectura a dichas imputaciones en relación al decreto de fs. 599, explicando que el mismo no tenía cita legal ni había sido fundado, pues la formalidad requiere que sea un auto interlocutorio que lo fundamente. El decreto de fs. 360, por el Dr. Stadler en cambio y aún sin forma de auto, es un decreto fundado, que dá razones que justifican la detención y cita la normativa del art. 268 del CPP. El Dr. Iribarren tampoco  determinó una calificación legal, es decir, no se sabe que se le imputaba a Paita, pues no lo mencionó en dicho decreto. Tampoco mencionó los antecedentes ni hizo referencia a la rebeldía que le pesaba a Paita en la causa de la condena. Era claro que registraba captura, por una pena en suspenso. Además, es importante tener en cuenta que Paita no vino por su propia voluntad, lo había detenido la policía; distinto hubiera sido se hubiera presentado voluntariamente. El Juez ojeó la causa, pero a fs. 309  hay una condena de diciembre de 2000; además estaba la requisitoria fiscal de fs. 298, que describía los hechos detalladamente, y se desprende que los hechos que se le incriminaban allí, son posteriores a esa condena. Por ello, se desprenden por las razones por las que no se presentaba, pues la condena necesariamente iba a ser efectiva. Los demás antecedentes de que se disponía y que fueron recibidos el día del decreto de libertad, hablaban de otra captura. No se chequeó el hecho ni la calificación legal, ni se ordenó en el decreto una vista fiscal, ni notificar, y el Secretario Dousdebes no iba a hacerlo por sí mismo, ya que era nuevo. Cuando la policía le dió la libertad, se dejó constancia a fs. 605 vta., donde surge que es el propio Juez el que habló. Todo ello ocurrió fuera del marco legal que imponía la detención, toda vez que la pena iba a ser efectiva, y para ello hay que recordar la experiencia, pues el Dr. Gauna Kroeger declaró que aquí Paita tenía que venir detenido, indicando los motivos. La Dra. García señaló los casos en que se produce una detención, señalando que las pautas objetivas eran trabajo, residencia, haber comparecido antes, pero ninguna de éstas se puede dar en esta actuación judicial. Y también señaló que la detención había que mantenerla, posiblemente, si había una condena previa. Frente a los antecedentes de condena firme, a ambos antecedentes de captura, a que la situación de la detención había ya sido resuelta a fs. 360 por decreto fundado del Juez anterior, y a que no había nada nuevo entre la orden de detención y la captura que pudiere alterar eso, la situación estaba resuelta, pero había que ponerse a ver el hecho, indagarlo. Decíamos así entonces que está claro que correspondía que Paita siga en detención, no había variado ni siquiera el paso del tiempo, pues en la feria del 2005 se reformó el CP en las causales de prescripción, pero aún así no estaba prescripto porque había un primer llamado a indagatoria a fs. 360 y los hechos del año 2000. Después esto fue resuelto mediante Incidente de prescripción, a lo que no se hizo lugar. De modo que no había ninguna posibilidad de que fuera llevado a indagatoria Paita, sin ser detenido, ni aún con el criterio de “Pérez Casal”. Solo compareció al día siguiente porque le dieron la libertad, pero después no apareció más hasta ser aprehendido por la policía. La cuestión puede ser tratada por el Consejo de la Magistratura, porque está fuera del marco legal. El decreto fue dictado a sabiendas, y en el ánimo de imponer una postura doctrinaria, pero aún así, no podía disponerse la libertad, y mucho menos fundarla, por ello no está fundada. La actuación del Dr. Iribarren, quién violó el deber de fundar su actuación, encuadra en los arts. 199 y 200 de la Constitución Provincial; arts. 109, 110, 153, 273, 268, 301 y 296 del CPP (hoy arts. 97, 98, 142, 269, 264, 298 y 292 del CPP –texto consolidado-, arts. 23 y 24 de la Ley Orgánica. Para graduar la sanción a imponer, se tiene en cuenta que agravó la ejecución de la ley mediante la fuga del imputado, y la falta de consideración gruesa de los antecedentes del imputado del principal, y donde estaban las constancias de la existencia del incidente. Como factor más benigno para su situación, debe contemplarse que el hecho ocurrió en feria judicial, con empleados inexpertos, así como la cuestión de los trámites que deben realizarse en feria, que son todos urgentes. También la existencia de un sistema informativo que no permitía, ni aún hoy, observar el contenido de las declaraciones, pues no tenemos un expediente digital. Hay un tiempo de cambio, un desgarro de las formas procesales, en los proyectos procesales este tema está también a tratar. Debe valorarse el grueso y cúmulo de tareas que son concentradas en el Juez de Instrucción, tareas administrativas, con la policía y demás. Así las cosas, entiende que se debe aplicar, por todo lo expuesto, una sanción de diez días de suspensión (arts. 222 inc. 3 CP y 17 ley 2434).

---Por su parte la defensa solicitó la absolución de su pupilo; así argumentó que: respecto de los hechos concretos endilgados, se mezcla fundamentación, no consultar los antecedentes y la gravedad de la causa. Así como una vez se planteó ya en este mismo legajo, acá tenemos un solo hecho, y entre la requisitoria fiscal y el informe del sumariante, se afectó el principio de congruencia. Explicó que a poco andar, en la requisitoria fiscal, se dice que si no se encuentra el expediente, hay que dejar detenida a la persona hasta que aparezca, lo que contraría absolutamente la postura de la Procuradora General. Respecto del novel Secretario, no podemos obviar que fue elegido por el Consejo de la Magistratura, no le vamos a pedir al Juez que le vaya a enseñar al Secretario, los mecanismos constitucionales se cumplieron para si. Discrepa con el Dr. Peralta porque éste confunde la forma con la formalidad, pues las formas son garantías del imputado. Sería interesante consultar la postura de Alberto Binder, sobre la que el enjuiciado habló en su indagatoria. Dió lectura el Dr. Pineda de doctrina al respecto, así como de un antecedente del 9 de febrero de 1999 mediante el cual no se encontró mérito contra la Dra. Carrasco. Allí se dijo que hay un ámbito discrecional del Juez. Refirió también al voto de la Cámara Tercera del Crimen en causa “Anzaldo”, del Dr. Vila, donde se fundamentó la razón por la cual el encausado fue liberado. También se fundamentó el voto contrario, dejando detenido a su pupilo en causa “Fassanella” por el mismo Tribunal. En autos, se dispone la detención de Paita en dos párrafos, cuando en realidad lo que debe fundamentarse en forma mayor, es la detención, no la libertad. A eso nos referimos en la cuestión de las formas. ¿Cual es la responsabilidad de Iribarren? ¿No haber fundamentado cuando lo dejó en libertad? Respecto de no haber notificado al Fiscal, lo cierto es que es de práctica en esta Circunscripción Judicial que la notificación corre por cuenta del Secretario. El Juez no notifica, lo hace el Secretario. Ese cargo también se cae. Avanzando aún más, quiero hacer hincapié en algo concreto y que hace caer toda la actuación: ¿donde está el acto procesal de la rebeldía en el expediente? No hay rebeldía en ningún acto procesal y de ahí tanto la acusación del sumariante y de la procuradora, se basan en un hecho inexistente. El Dr. Gauna Kroeger no dice lo que dijo el Procurador General subrogante en su alegato, sino que explicó la posición minoritaria, pues la mayoría es la de su pupilo. La Dra. García dijo que se podía resolver un incidente de exención sin conocer el antecedente, y más de esto no le podemos exigir a su cliente. El garantismo no nació hoy, sino hace mucho tiempo; tampoco se está en contradicción con el STJ, y “Perez Casal” es la prueba clara. Esto va a crear una situación de miedo en los jueces que van a perder su discrecionalidad para resolver. En función de estos argumentos entiende que debe absolverse al Dr. Iribarren en las presentes actuaciones, por las cuales fuera traído a juicio.

---4. Cumplido el procedimiento de deliberación que manda la ley, corresponde a este Consejo de la Magistratura constituido en pleno dictar la sentencia prevista por los artículos 38 inc. e), 44 y 45 y ccdtes. de la precitada ley.-

---A los cargos formulados por la Procuración en la acusación, los Sres. Consejeros, por unanimidad dijeron:-

---Hecho histórico reprochado.-

---Materialidad y autoría.-

---a) En la audiencia prestó declaración la Dra. Maria Evelina García, se leyeron las testimoniales de los Dres. Rotter y Gauna Kroeger (art. 228 CPP), y se incorporó por lectura la siguiente prueba: declaraciones testimoniales por escrito de los Dres. Carlos Gauna Kroeger y Juan Máximo Rotter; causa “Rivoire, Rubén Mario S- dcia” (Expte. 32721-01) del Juzgado de Instrucción nro. 4 de General Roca, con sus respectivos incidentes en originales: “Incidente de Exención de Detención de Paita Alberto, causa nro. 32.721-01”, iniciado el 18 de abril de 2001; “Incidente caratulado “Tejeda, Eves Omar s- presentación en autos “Rivoire, Rubén Mario s- dcia., causa nro. 32.721-01-IV”; “Incidente caratulado Dr. Eves Omar Tejeda S- solicita sobreseimiento por prescripción en autos “Rivoire, Rubén Mario S- dcia., causa nro. 32721-01; copias extraídas del expediente principal “Rivoire, Rubén Mario S- dcia.”, nro. 32721-01; la denuncia de fs. 68 –correspondiente a fs. 1 del principal; escrito de promoción de acción de fs. 69 vta., correspondiente a fs. 2 y vta. Del principal, y su ampliación de fs. 72-74vta., correspondiente a fs. 298-300 vta. Del principal; resolutorio de fs. 92 y 93, correspondientes a fs 360 y 373 del principal; orden de intervención telefónica y su reiteración a la empresa respectiva de fs. 94-95, correspondiente a fs. 577 y 596 del principal; escrito de fs. 598 del principal (vid fs. 97); decreto de fs. 599 (vid fs. 98); constancias de fs. 99 y 102, correspondientes a fs. 600 y 603 del principal; antecedentes de Paita (vid fs. 23 y 100; fs. 601 del principal); dispositivo policial de fs. 24 y vta. (602 del principal); acta policial de fs. 26 y 103 (correspondiente a fs. 604 del principal); acta de notificación policial practicada en la Comisaría de Cervantes, de fs. 28 y 105, correspondiente a fs. 606 del principal; solicitud a Red Policial para dejar sin efecto la captura, de fs. 29-30 y 106-107, correspondientes a fs. 607-608 del principal; oficio del Jefe de Unidad al Dr. Iribarren de fs. 31 y 108, correspondiente a fs. 109 del principal; interlocutorio de fs. 610-611 del principal (vid fs. 109-110); legajo personal del Dr. Pablo Iribarren; prueba documental oportunamente propuesta en el sumario administrativo; currículum vitae del Dr. Pablo Iribarren; Resolución nro. 08 del año 2008 de la Secretaría Penal de la 2da. Circunscripción Judicial.

---b) En su descargo, el Dr. Iribarren señaló: que solo quiere decir que este proceso, todo el sumario, desde que comenzó a ventilarse por los medios de comunicación, ha sido estigmatizante para su persona, se ha convertido en una pena natural. El Auditor General le imputaba delitos de acción pública, incluso. Luego el sumariante pone en ruta la causa, y así vamos avanzando y delimitando la supuesta irregularidad que he cometido. Solo por dar un ejemplo, el domingo en el diario “Río Negro” se publicó que se iba a resolver la falsificación ideológica de documentos públicos, cuando esto no forma parte de la imputación ¿Como le sacamos esto ahora de la cabeza a la gente? Quiere dejar en claro dos cosas: una es que hay un solo hecho, la supuesta liberación irregular de Paita, y para sancionar se requiere reiteración de conductas; segundo, si es que alguna sanción merezco, pido que se tenga en cuenta el antecedente “Carrasco”, pues en una situación muy comprometida y difícil para dicha Magistrada, se le dieron tres días de suspensión, mientras que al deponente se le han pedido desproporcionada y arbitrariamente diez días.-

---c)Respecto del agravio de la defensa en cuanto a que los hechos formulados en el cargo son distintos a los de la formulación en la requisitoria de elevación a juicio y que sostiene que así se violenta el principio de congruencia en relación a los cargos formulados por el instructor sumariante, pues implican una reiteración de lo que constituía un único hecho; cabe sostener que dicho planteo es similar a lo ya planteado en el expediente, luego de la requisitoria mencionada y que fuera resuelta por el CM en su reunión del día 23 de abril del corriente, según consta en el Acta Nro. 5/08, (v. fs. 477) a cuyos términos remitimos en honor a la brevedad, sin perjuicio de la consideraciones que se agreguen en esta sentencia al dar tratamiento a las diferentes cuestiones.-

---Se adelanta aquí, que se formularan cargos por un hecho que involucra el incumplimiento de varias normas, por lo que todo planteo vinculado a la violación al principio de congruencia debe ser rechazado. Además de ello la Defensa formuló su alegato respecto de las omisiones reprochadas, conforme la prueba producida, por lo que no puede ser atendida nulidad alguna atento que no se evidencia restricción al ejercicio de dicho ministerio, siendo este un dato insoslayable para la declaración de ineficacia de los actos jurídicos. No hay nulidad en el solo beneficio de la ley. Las omisiones del enjuiciado sobre las que se fundamentará el voto son violatorias de diversas normas de distinto rango –procesal y constitucional-

---En relación al desarrollo de este ítem, puesto que va a ser parte de una de las problemáticas jurídicas a resolver en esta sentencia -si la acusación presenta un único hecho histórico, pero que admite su división en varios hechos jurídicos para su subsunción de modo reiterado al momento de analizar su calificación, o por el contrario que se trata de un sólo hecho que admite más de una calificación- es necesario destacar que:-

---Expuesto como un único hecho histórico se le reprochan al sumariado una serie de omisiones en el trámite que culmina con el decreto de fs. 599, del expediente 32.721/01, "Rivoire, Rubén Mario s/dcia.", según registro del Juzgado de Instrucción Nro. IV, de General Roca suscripto por el Juez de Feria, sumariado en autos, en donde deja sin efecto la captura del imputado Alberto Eduardo Paita y dispone que comparezca al Juzgado el día 1 de febrero de 2005, lo que no ocurre. Las omisiones que evidencia la actividad jurisdiccional que culmina con tal decreto son: a) no haber efectuado el "chequeo" y ponderación adecuada de diversos antecedentes y datos con anterioridad a su decisión; b) que no dictó un acto o decreto fundado al respecto y c) que no dió intervención al MPF de feria en las diligencias indispensables del caso.-

---Estas omisiones, como fue adelantado, no pueden ser desconocidas en su reproche fáctico, pues son parte de lo acusado por el Sr. Juez Instructor sumariante y mantenido en el requerimiento de juicio por la Sra. Procuradora General y luego en la continuidad del trámite, incluso en este debate oral y ha sido parte de la argumentación de descargo del sumariado y de la prueba ofrecida.-

---Cierto es, que la cuestión ha quedado oscurecida o confundida, ya desde el planteo defensista que fuera rechazado por el CM que pretende la ausencia de reiteración en los errores de su actividad que culmina con el proveído que deja sin efecto la captura de Paita; empero es fácil advertir que no puede admitirse tal postura a poco que se analice que a los fines de garantizar el derecho de defensa y el principio de congruencia es necesario que la acusación contenga una relación clara, precisa y circunstanciada de la materia objeto de acusación.-

---Tal exigencia proviene tanto del artículo 319 CPP., como en un plano normativo superior, del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Adla, XLV-B, 1250) , que entre las garantías judiciales asegura el derecho de toda persona de ser oída previa comunicación detallada del hecho objeto de acusación.-

---Dice Sagretti, Principio de Congruencia, LL. t. 2000-F, p. 927 que "el punto de partida para identificar tal hecho, estará constituido, evidentemente, por la acción u omisión típicas, consistente en un acto de ejecución, cooperación, auxilio o instigación. La confrontación de las conductas comisivas u omisivas -erigidas en el elemento sustancial del hecho- será el primer factor que conduzca a establecer el correlato de la imputación.".-

---De modo tal que, atendiendo a tales exigencias, en esta acusación, que debe ser clara, precisa y circunstanciada, con la que debe ser congruente la sentencia, el primer dato a considerar es la acción u omisión que se encuentra contenida en la acusación.-

---Y, con toda claridad, conforme a los verbos utilizados para reprochar las omisiones, la acusación -aunque en un sólo relato de hecho histórico- a los fines jurídicos se divide en tres, los que se vuelven a señalar : a) no haber efectuado el "chequeo" y ponderación adecuada de diversos antecedentes y datos con anterioridad a su decisión; b) no dictar un acto o decreto fundado al respecto y c) no dar intervención al MPF de feria en las diligencias indispensables del caso.-

---Por lo que una vez acreditados -de entenderlos acreditados- habrá que analizar en que figura o figuras se subsumen y cuales son las relaciones entre ellas. Esto es si admiten su reiteración (varios hechos reiterados o continuados) o si se trata de uno que provoca la infracción a varias disposiciones legales.-

---En otras palabras, el devenir histórico puede asumir la forma del relato -más o menos extenso- de un sólo hecho natural ocurrido, pero que el derecho puede separar en varios hechos -o seguir manteniendo aquella unidad- dependiendo de las exigencias jurídicas de las figuras que considere involucradas y de las relaciones que se establezcan entre ellas.-

---De modo tal que es necesario analizar la prueba de la primer conducta omisiva reprochada: no haber efectuado el "chequeo" y ponderación adecuada de diversos antecedentes y datos con anterioridad a su decisión.-

---Cabe considerar que el sumariado debía establecer cual era la decisión a adoptar -como Juez de Feria- ante la comunicación de la detención del imputado Alberto Eduardo Paita en la localidad de Cervantes, atento el pedido en ese sentido dispuesto por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción a fs. 360 del expediente Nº 32.721/01 mencionado supra y el pedido de exención de detención que fuera rechazado por el Juez de Instrucción con la confirmación de la Cámara que entiende en grado de apelación. Al respecto decide dejar sin efecto dicha captura y dispone que comparezca al juzgado para el día 1 de febrero de 2005, por lo que se le reprocha la conducta omisiva mencionada supra.-

---Tal verificación deficiente de la serie de datos necesarios para tomar la decisión que debía, se encuentra reconocida implícitamente por el sumariado cuando intenta justificarla en base a los siguientes argumentos: a) que le resultaba imposible conocer todos los expedientes a su cargo; b) que fue informado de modo incorrecto o incompleto por el secretario de feria; c) que no contaba con ciertos expedientes que tramitaban por cuerda para valorar mejor su decisión y d) que aún antes del precedente "Pérez Casal" del STJRN siempre sostuvo la necesidad de interpretar las disposiciones del STJRN conforme los tratados internacionales, respecto de las restricciones cautelares de libertad.-

---Ello es así pues tales excusas ponen de manifiesto un reconocimiento que la revocación del pedido de captura no era lo acertado y que esta falta de acierto se debió a su desconocimiento de diversos datos, aunque no reprochables a él sino a terceros que no le proporcionaron una correcta información.-

---Atento el ítem que se desarrolla, lo anterior es suficiente para tener por acreditada la materialidad de la omisión reprochada pero también deben analizarse aquí si las explicaciones exculpatorias resultan admisibles puesto que para reprocharle una omisión al sujeto activo, este debe encontrarse en posición de garante y en condiciones de poder cumplimentar la conducta omitida.-

---Así sostiene que le resultaba imposible conocer todos los expedientes a su cargo; tal argumento es inatendible a poco que se advierta la previsión legislativa que establece que sólo los asuntos urgentes deben ser atendidos durante el período de feria, entre los que se encuentra aquellos en que el interesado justifique prima facie que esta expuesto a la pérdida de un derecho o a sufrir graves perjuicios si no se le atiende (arts. 18 y 19 Ley 2430). Por lo tanto el juez de feria no se ve obligado a dar tratamiento a la totalidad de los expedientes que se encuentran a su cargo, sino los urgentes y tal previsión legislativa es de pacífica aceptación desde su sanción, por lo que tiene que entendérsela eficaz para permitir un acabado tratamiento de tales cuestiones conforme la organización jurisdiccional para el período de receso de tribunales.-

---Dice también que fue informado de modo incorrecto o incompleto por el secretario de feria; tal explicación debe ser rechazada a poco que se analice que si bien el magistrado puede solicitar una opinión o información a dicho funcionario acerca de los antecedentes necesarios para fundamentar determinada decisión, esto no implica que dicho funcionario pueda asumir la responsabilidad por lo resuelto que es de la esencia propia de la tarea del juez -eso es lo que lo define como Juez- (v. arts. 196 y 200 de la Constitución Provincial y 97 y 98 CPP.) y no esta entre las obligaciones funcionales del secretario, quien a todo evento, tiene el deber de poner a despacho los escritos y documentos presentados, debiendo proyectar o dictar en su caso las providencias simples" (Ley Orgánica del Poder Judicial). –

---Es evidente que las funciones del Secretario, además de las autónomas de autentificación, firma de actas, notificaciones, levantamiento de actas, control de las actuaciones recibidas en la secretaria a su cargo y asistencia al magistrado, no suple la responsabilidad de aquel en la función que le es propia de analizar y fundamentar cualquier decisión que deba dar mediante sentencia o auto.-

---Entre sus funciones autónomas específicas de informar y comunicar no está la de recabar para el Juez los datos jurídicos relevantes para la decisión que debía adoptar. (v. para el contenido de dichas funciones Clariá Olmedo, DPP., T III, págs. 93 y 94).-

---En este sentido no debe perderse de vista que el Juez de Instrucción es el director del proceso (art. 180 CPP.) cuestión que no puede obviarse aunque delegara el relato de la información jurídica que solicitara a su secretario, si incurriera en algún error por el sería también obvio destacar su disfuncionalidad en no controlar los trámites atinentes a tal secretaría -"...aunque las leyes no lo consagren expresamente la existencia de este deber se desprende de modo claro de la economía general de cada código de procedimientos, pues si se le concede al Secretario la facultad de proveer los escritos de mero trámite, o de firmar sólo la providencias simples ... (etc.)... parece obvio que el Juez -director del debate que será resuelto por él- TIENE EL INNEGABLE DEBER DE EFECTUAR EL CONTROL DE LO ACTUADO POR SU SECRETARIO..." (Conf. El Juez, sus deberes y facultades" por Alvarado Belloso, Depalma, 1982, p.45).-

---Lo anterior, da respuesta al argumento defensista que pretende poner en cabeza del secretario la responsabilidad por actos o decisiones cuyo control esta inexorablemente bajo responsabilidad funcional del Juez.-

---Asimismo se excusa por no contar con ciertos expedientes que tramitaban por cuerda para valorar mejor su decisión.-

---Se trata de un incidente de exención de detención, en el que el magistrado a cargo del Juzgado de instrucción nro. 4 de General Roca resuelve no hacer lugar al beneficio de exención de detención solicitado en favor de Alberto Eduardo Paita, que fuera confirmado por la Cámara 2da. en lo Criminal.-

---La explicación debe ser desestimada puesto que el expediente principal que el sumariado tenía ante su vista aportaba los datos para un adecuado tratamiento de la temática a resolver.-

---Así, el Juez de feria contaba con la índole de los hechos reprochados al imputado, lo que importa su eventual subsunción en figuras legales que prevén penas graves (v. fs. 2 y 298/300) y que había mérito suficiente para recibirle declaración indagatoria (v. fs. 360) ; a fs. 301 se advierte la constancia de la formación de un incidente de exención de detención del imputado y a fs. 374 otra nota de la secretaria en donde se pone de manifiesto el rechazo de la exención, asimismo se advierten glosadas la sentencia nro. 89/00 del Juzgado Correccional nro. XIV de General que condena a Eduardo Alberto Paita por considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas reiteradas en dos oportunidades, en concurso real, a la pena de un año y cinco meses de prisión, de ejecución condicional, y la sentencia nro. 15/01, mediante la cual el STJRN confirma lo decidido, en este sentido cabe sumar el informe de la Superintendencia del Fuero Penal, del 24/01/05, recibido conforme el cargo que consta al final del escrito, a las 11:20 horas en la que, entre los antecedentes de Paita, aparece una declaración de rebeldía y orden de captura (v. fs. 601) ; asimismo hay múltiples constancias del desconocimiento del juzgado acerca del domicilio del mencionado Paita, de la detención y captura decididas, de los infructuosos intentos para hallarlo (v. entre otros auto interlocutorio nro. 175/03 en el que se dispone la intervención de líneas telefónicas), y que la comparecencia del imputado al Juzgado fue previa su detención por averiguación de antecedentes y al registrar pedido de captura (v. fs. 602).-

---Con lo dicho, se colige claramente que aunque no había un auto de rebeldía en la causa “Rivoire”, sí aparecía en los antecedentes que constan en el informe de la Superintendencia Penal mencionado supra, con lo que no es cierto que no habia un auto de rebeldía y captura que revocar amén de diversos actos procesales cuya conveniencia valorativa se tornaba obligatoria para decidir acerca de la libertad.-

---La última de las excusas -la vinculada al principio "favor libertatis" de aplicación al caso según el sumariado- no debe se analizada en esta etapa del desarrollo del voto, sino en lo que respecta a la calificación de los hechos acreditados.----Sigue la demostración del segundo extremo fáctico reprochado, esto es no dictar un auto o decreto fundado para dejar sin efecto el pedido de captura ordenado por el Juez de Instrucción.-

---Tal extremo se acredita atento lo que surge del expediente nro. 32721/01 mencionado supra a poco que se advierta la providencia de fs. 599 en la que, con fecha 24 de enero de 2005 que reza: "Atento el comparendo de Alberto Eduardo Paita déjese sin efecto el pedido de captura ordenado precedentemente. /// Notifíqueselo que deberá comparecer ante este Tribunal el día 1 de febrero de 2005 a las 8 hs., bajo apercibimiento de ordenarse nuevamente su captura", y aparece una firma sin sello del sumariado y la firma del secretario.----Por último es necesario demostrar la tercera omisión de la acusación: no dar intervención al MPF de feria en las diligencias indispensables del caso.-

---La ausencia de intervención también se evidencia en el mismo expediente desde la comparecencia de Alberto Eduardo Paita, ante el Juez de Feria, el cierre del acto y el posterior proveído mencionado supra, la nueva comparecencia del prevenido para proponer defensor y constituir domicilio, siendo que la primera intervención del MPF en el trámite mencionado es la dispuesta a fs. 610/11 por el Juez a cargo del Juzgado de Instrucción, cuando revoca el decreto de fs. 599.-

---5. Calificación de los extremos fácticos establecidos.-

---Nuestra Constitución Provincial reza en su artículo 199 que "los magistrados...son inamovibles, en consecuencia. 1-Sólo son sancionados o destituidos por: a) mal desempeño de la función y...d) Violación a las prohibiciones establecidas en la Constitución o incumplimiento de los deberes fijados en ella o en su reglamentación.".-

---La ley K Nº 2.434 Orgánica del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Río Negro, en su artículo 23 precisa en su primer inciso que constituye una de las causales de enjuiciamiento, el mal desempeño en la función, mientras que el artículo 24 considera que se encuentra incurso en la causal de mal desempeño al funcionario cuando f) dejare de cumplir las disposiciones contenidas en normas de orden público.–

--- Asimismo el artículo 200 de la Constitución rionegrina reza que son deberes de los magistrados y funcionarios judiciales, sin perjuicio de otros que la reglamentación establezca, resolver las causas en los plazos fijados por las leyes procesales, con fundamentación razonada y legal.-

---También es importante destacar que en el nivel legal de las normas que rigen la cuestión aparece que en pos de delimitar la causal de mal desempeño el legislador ha preferido que esta causal debe ser analizada como un hecho global de la función, puesto que un acto puede ser el conjunto de otros (o de diversas omisiones) mensurables en punto a su corrección o incorrección atento la legislación que involucre.-

---Esto es lo que se advierte en el sub examine, en el que el inadecuado levantamiento del pedido de captura, por ende la puesta en libertad del imputado y su citación para que comparezca al juzgado algunos días después, es producto de una serie de errores de actividad, violatorios cada uno de ellos, de las normas legales que rigen la cuestión, lo que provoca un incumplimiento normativo en el que la reiteración esta dada por la inobservancia de cada una de ellas.-

---Así tenemos en primer lugar el no haber efectuado el "chequeo" y ponderación adecuada de diversos antecedentes y datos con anterioridad a su decisión.-

---La normativa involucrada es la que corresponde al tratamiento de la materialidad. El magistrado, como funcionario de la República debe tomar sus decisiones conforme a un criterio razonado, esto es ajeno al dogmatismo y la arbitrariedad.-

---Los antecedentes y datos del expediente eran útiles para proporcionarle al magistrado las razones suficientes para determinada postura -para eso se agregan al expediente- y es evidente que no los analizó de modo acabado a poco que se reflexione que tenía constancia en el expediente de una exención de detención rechazada por el Juez de Instrucción, cuyo criterio fue confirmado por la Cámara Criminal, que al imputado se le reprochaban hechos graves, con penas importantes y que tenía antecedentes que indicaban una situación de rebeldía y captura, también que el Juez de Instrucción había realizado importantes, reiterados e infructuosos intentos para que el imputado comparezca al proceso.-

---Por lo que sólo así -en el marco de esa imprudencia- se puede entender su decisión liberatoria, que implicaba un cambio total y opuesto con el criterio restrictivo que se sustentara antes, sin que variaran ninguno de los motivos de aquel, más que la mención del imputado cuando comparece al Juzgado -que hacía cuatro años que se había radicado en Buenos Aires-, considerando que no era relevante la comunicación del mismo al tribunal.-

---La secuencia de explicaciones por las que el magistrado intenta deslindar su responsabilidad -y que fueran descartadas supra- permite sostener que advierte que se trató de una decisión que necesitaba de los fundamentos provenientes del expediente y -entonces- que él no los analizó.-

---Las normas incumplidas son los artículos 97, 98 y 180 CPP. y 196 y 200 de la Constitución Provincial. Se trata de un error de actividad caracterizado por la falta de análisis de los elementos que darían razón a lo decidido, con perjuicio grave al servicio de justicia y las normas mencionadas exigen un desempeño distinto.-

---En segundo término, se trata de analizar el no dictado de un auto o decreto fundado para dejar sin efecto el pedido de captura ordenado por el Juez de Instrucción.-

----Como fuera explicado supra el dejar sin efecto el pedido de captura ordenado fue decidido conforme a un simple proveído -también este sin fundamentos-, lo que aparece como opuesto al artículo 97 CPP. que exige al tribunal el dictado de un auto cuando deba resolverse un incidente o artículo del proceso y lo decidido no podía ser mediante el dictado de un decreto, puesto que el levantamiento del pedido de captura y la citación al imputado para los días siguientes a comparecer al juzgado, tenía como real efecto jurídico, modificar el criterio sustentado por el Juez de Instrucción  -en su negativa a la exención de detención solicitada - en cuanto a la inconveniencia de que el imputado permaneciera en ese estado para la continuidad del trámite.-

 
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