"El sueño que Weretilneck nos propone a nosotros, se convertirá en una pesadilla para nuestros hijos. No se puede comprometer de semejante manera a futuras generaciones de rionegrinos. Este mega-endeudamiento generará dependencia y se pagará con un ajuste que sufrirán los trabajadores y toda la comunidad", expresó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro.

"Esto no era lo que quería el recordado Edgardo Castello. El plan original tenía el objetivo de equilibrar políticamente a la provincia y eso no se advierte en esta ocasión", culminó Aguiar.
 
En primer lugar, el sindicato señala que la provincia no está preparada para semejante endeudamiento y en el caso de concretarse esta arriesgada iniciativa, jamás antes se alcanzó en Río Negro un nivel de deuda tan alto, que sea capaz de comprometer los ingresos del Estado durante décadas y afectar a las futuras generaciones de rionegrinos. 
 
En segundo lugar, la entidad gremial plantea que pretender acceder a financiamiento externo y en moneda extranjera se convierte en un desatino, si se tiene en cuenta el escenario económico actual y los intereses usurarios que rigen en este tipo de mercados. En este aspecto el gremio teme que la provincia hasta pueda perder autonomía frente a acreedores de semejante porte. 
 
En tercer término, y tal vez se trate del punto que más preocupa a ATE, es que necesariamente un crédito de esta embergadura - más de 9 mil millones de pesos - se pagará con ajuste y serán los trabajadores los más perjudicados en sus ingresos y condiciones, los que paradójicamente se verán en el corto plazo empobrecidos, además de afectadas también las prestaciones públicas y por ende toda la comunidad. 
 
Y en cuarto lugar, a pesar de las obras proyectadas que dió a conocer el Gobernador Weretilneck, desde ATE señalan que la convocatoria a los intendentes es engañosa, si se tiene en cuenta que del total del mega-endeudamiento, los 39 municipios no alcanzarán a gestionar ni un 8% de los fondos, si se suma los montos destinados a equipamiento para las municipalidades y los 20 millones de dólares que el Ejecutivo aduce destinará para obras de infraestructura que decidan los jefes comunales.