Se trata del nuevo cuadro tarifario definido para todo el país que implementó el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, a partir del primero de abril de este año.

La propuesta de los legisladores Daniela Agostino y Jorge Ocampos (AFPIR) se remite a usuarios domiciliarios en situación de desempleo o que perciban menos de dos salarios mínimos, asociaciones civiles sin fines de lucro, PYMES, jubilados que perciban el haber mínimo, beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad, inscriptos en el monotributo social, empleadas del servicio doméstico y personas que cobren seguro de desempleo.

La iniciativa no invalida el reconocimiento de deuda que se haya generado en el período de referencia, debiendo las empresas prestatarias acordar planes de pago con los usuarios.

Agostino y Ocampos afirman que el procedimiento utilizado por el Gobierno nacional fue cuestionado desde su inicio, ya que previamente no medió la participación ciudadana, determinados por la Constitución Nacional y resoluciones del ENARGAS, y los incrementos de las tarifas han sido en muchos casos desproporcionados, generando en los usuarios grandes complicaciones, quejas y/o imposibilidades de pago.

Entienden que “las facultades discrecionales con las que actuó el Estado nacional, excedieron el marco razonable”, y que la medida está planteando consecuencias sociales muy duras, como son el corte domiciliario de los servicios a ciudadanos, a PYMES, el cese de actividades en clubes sociales y deportivos, entre otras.

Consideran también que si bien el gobierno nacional accedió a limitar el aumento a un 400 por ciento para usuarios residenciales y 500 a PYMES en las provincias patagónicas, “no se genera una reparación integral, ni evita la imposibilidad de pago de muchos usuarios de Río Negro”.

En este sentido, sostienen que al ser Río Negro una provincia productora de gas y electricidad que abastece a muchas regiones del país, “merece y debe tener un tratamiento preferencial respecto al de otras regiones que solamente son consumidoras”.

Asimismo, mencionan la situación especial de esta región del país en donde la necesidad de consumo de los servicios es mayor, debido a las bajas temperaturas en comparación con otros sectores de la geografía argentina.

Ante esta situación, los legisladores opinan que la Legislatura debe generar situaciones de protección a los ciudadanos y que, aunque no es competente para resolver cuestiones relativas a la cuantificación de las tarifas, sí lo es para impedir el corte de servicios en los sectores sociales que merecen especial consideración .